
La discusión sobre los cambios en la Caja Fiscal se dio en una reunión entre autoridades económicas y representantes de las fuerzas públicas, según información difundida por el Ministerio de Economía y Finanzas. El encuentro se centró en el análisis del esquema previsional aplicado a policías y militares y en los efectos que genera sobre las cuentas públicas.
Desde la cartera económica se expusieron datos sobre la edad de retiro y la estructura de financiamiento del sistema, en el marco del proyecto de reforma impulsado por el Poder Ejecutivo.
Los datos oficiales indican que más del 70% de los policías y militares que se jubilaron en 2025 lo hicieron antes de los 55 años.
Esta característica del sistema previsional fue señalada como uno de los factores que inciden en la duración de los beneficios y en la necesidad de recursos adicionales para sostenerlos.
De acuerdo con el diagnóstico presentado, los aportes realizados durante la etapa activa alcanzan, en promedio, para cubrir cerca de tres años de jubilación.
El resto del período debe ser financiado con recursos provenientes de los impuestos, lo que amplía la participación del Estado en el pago de los haberes.

Las autoridades económicas reiteraron la necesidad de establecer una edad mínima de 57 años para acceder a la jubilación en el caso de policías y militares.
Este punto fue planteado como parte de las modificaciones consideradas clave para reducir el desequilibrio financiero del sistema previsional público.
El Ministerio advirtió que, si se mantienen las reglas actuales, a partir de 2028 será necesario destinar una mayor cantidad de impuestos para financiar las jubilaciones, no solo del régimen correspondiente a las fuerzas públicas, sino también del programa civil.
Actualmente, los tributos ya son utilizados para cubrir el déficit de este último.
Según la información oficial, el déficit de la Caja Fiscal equivale al 0,8% del producto interno bruto, lo que representa cerca de la mitad del límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.