Una auditoría interna del Instituto de Previsión Social (IPS) detectó un presunto esquema de alteración de registros informáticos que habría permitido ocultar deudas por aportes obrero-patronales por G. 7.670.652.234.
El caso forma parte del Informe Final AI Nº 01/2026, que identificó modificaciones realizadas entre enero de 2024 y mayo de 2025.
Cambios en registros patronales
El informe señala que las irregularidades se habrían realizado dentro del sistema REI, utilizado para el control de aportes y obligaciones patronales.
El mecanismo consistía en modificar datos identificatorios de empleadores, como el RUC y la razón social, manteniendo el mismo identificador interno. Con ese cambio, la deuda dejaba de figurar a nombre de la empresa original y pasaba a aparecer bajo otra identidad.
Empresas beneficiadas y monto comprometido
La auditoría vinculó las alteraciones con 59 empresas y detectó usuarios asociados a los cambios dentro del sistema.
De acuerdo con el informe, las modificaciones permitían que firmas con obligaciones pendientes aparecieran como si estuvieran al día ante el IPS. Esto habría facilitado la obtención de constancias de cumplimiento y certificaciones requeridas para trámites institucionales.
Registros trasladados a otras identidades
Entre los casos observados, la auditoría encontró deudas transferidas a otras firmas, contribuyentes inexistentes e incluso a registros vinculados con personas fallecidas.
Uno de los ejemplos mencionados corresponde a la sustitución de datos de una patronal por los de una persona fallecida que, en los registros, figuraba con 117 años de edad.
Fallas de control en el sistema
El documento también menciona indicios de uso de herramientas de acceso remoto y operaciones realizadas con credenciales distintas a las cuentas de dominio utilizadas para ingresar.
Además, se constató que algunos usuarios mantenían privilegios administrativos incluso después de haber dejado sus cargos o luego de pedidos formales para revocar sus accesos.
Antecedentes y recomendaciones
La auditoría señala que existen registros históricos de modificaciones desde al menos 2010 y recuerda un antecedente denunciado en 2022, con un daño estimado de G. 5.000 millones.
