La Asesoría Actuarial del Instituto de Previsión Social (IPS) estimó que el cumplimiento de una resolución judicial que obliga a reconocer jubilaciones sin aplicar el límite máximo para un grupo de navegantes marítimos podría representar alrededor de G. 1,14 billones. El cálculo corresponde a una proyección realizada sobre los 129 asegurados que impulsaron una acción de inconstitucionalidad.
El cálculo partió de 55 asegurados
Para elaborar la estimación, el IPS tomó los registros completos disponibles de 55 personas y calculó para ese grupo un compromiso total de G. 486.512 millones, considerando tanto pagos pendientes como obligaciones futuras.
De ese monto, alrededor de G. 163.502 millones corresponden a diferencias acumuladas de jubilaciones que deberían abonarse con efecto retroactivo. El promedio calculado para este componente ronda los G. 2.973 millones por persona.
Otros G. 323.010 millones corresponden a pagos futuros
El estudio añade aproximadamente G. 323.010 millones por las diferencias que seguirían pagándose en los próximos años a los beneficiarios alcanzados por la resolución.
Al trasladar proporcionalmente el cálculo de los 55 casos estudiados a los 129 demandantes, el IPS llega a una estimación cercana a G. 1,14 billones. La institución aclara que se trata de una aproximación y no de un cálculo individual de cada beneficiario.
Actualmente solo 22 capitanes pidieron ejecutar el fallo
La defensa de los afectados cuestionó que la estimación se aplique automáticamente a los 129 integrantes del grupo. Sostiene que actualmente 22 capitanes solicitaron al IPS el pago retroactivo y que no todos los beneficiarios incluidos originalmente en el proceso están reclamando la ejecución.
Los pedidos se encuentran en diferentes etapas administrativas y judiciales. El listado presentado por la defensa identifica 18 expedientes, de los cuales 13 ya cuentan con actuaciones administrativas y judiciales.
Hay jubilaciones que llegan a G. 12.666 millones mensuales
Entre los montos incluidos en los expedientes aparecen jubilaciones que van desde G. 114,1 millones hasta G. 12.666,4 millones por mes, de acuerdo con los datos aportados por la representación legal de los capitanes.
El IPS también advierte que una eventual ampliación del mismo criterio judicial hacia otros grupos podría aumentar el número de casos involucrados, aunque actualmente no puede establecer con precisión ese universo por la falta de registros laborales digitalizados anteriores al año 2000.
