El texto legislativo plantea que las plataformas digitales y redes sociales deberán contar con protocolos para recibir denuncias sobre contenidos que utilicen imitaciones digitales de personas reales.
Los ajustes se observaron en matrículas y cuotas de centros educativos de distintos niveles, incluyendo primaria, secundaria, educación inicial y carreras universitarias de pregrado.
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