La iniciativa apunta a generar un espacio de intercambio entre el sector público y privado sobre los plazos, condiciones y etapas previstas para la eventual ratificación del acuerdo en el Congreso.
Desde la institución se indicó que la percepción de inseguridad tiene un componente subjetivo, que no necesariamente guarda una relación directa con las variaciones de los datos oficiales.