Una coalición integrada por 25 estados gobernados por demócratas presentó una demanda contra el Gobierno federal de Estados Unidos por los aranceles aplicados a productos procedentes de 60 socios comerciales.
La información difundida por la AFP señala que los demandantes consideran que la administración excedió las facultades otorgadas por la legislación comercial.
Las nuevas tarifas fueron anunciadas el 23 de julio de 2026 y establecen recargos de entre 10% y 12,5%.
La medida surgió después de investigaciones sobre países señalados por permitir el ingreso de productos vinculados con cadenas de suministro que recurren al trabajo forzado.
La demanda cuestiona la relación entre las denuncias y las tarifas
Los estados sostienen que no existe una conexión razonable entre las investigaciones sobre condiciones laborales y la aplicación general de gravámenes a decenas de economías. También alegan que el procedimiento fue utilizado para mantener una política comercial que ya había enfrentado decisiones judiciales adversas.
Las investigaciones fueron realizadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una norma que permite responder ante prácticas extranjeras consideradas perjudiciales para el intercambio estadounidense.
El Gobierno defiende el uso de la legislación comercial
La Casa Blanca afirmó que Estados Unidos está utilizando las herramientas previstas en la ley para enfrentar políticas y prácticas que afectan su actividad comercial. Washington sostiene que varios de sus socios no aplican exigencias equivalentes a las estadounidenses para combatir el trabajo forzado.
Los demandantes, por su parte, afirman que las averiguaciones fueron aceleradas y que sus conclusiones ya estaban definidas antes de completarse el procedimiento. También cuestionan que no exista una vía clara para retirar los aranceles cuando un país corrija las prácticas denunciadas.
Las tarifas anteriores ya habían sido anuladas
Una primera ronda de aranceles fue invalidada por la Corte Suprema de Estados Unidos en febrero de 2026. Posteriormente, el Gobierno estableció un recargo mundial del 10%, que permaneció vigente hasta el 24 de julio.
Al vencer esa tarifa, comenzaron a regir los nuevos porcentajes establecidos mediante la Sección 301. La demanda deberá determinar si este mecanismo se ajusta a las atribuciones legales del Poder Ejecutivo o si vuelve a superar los límites fijados por los tribunales.
El resultado del nuevo proceso todavía no está definido
Los estados calificaron el procedimiento como un intento de ejercer amplias facultades sobre las importaciones sin controles suficientes. Sin embargo, el Gobierno cambió el fundamento legal utilizado para establecer las tarifas después de los fallos anteriores.
La discusión judicial alcanza a medidas que afectan a aliados y competidores comerciales de Estados Unidos. El resultado podría definir hasta dónde puede llegar el Poder Ejecutivo al imponer recargos sobre productos extranjeros mediante investigaciones comerciales.
