El volumen obliga a empresas eléctricas y operadores a calcular qué infraestructura realmente necesitarán construir. El problema aparece cuando una parte de esos pedidos corresponde a instalaciones que nunca llegarán a entrar en funcionamiento.
La reforma propone separar ambos papeles y dejar en manos de un Ente Regulador independiente la fijación de tarifas, la resolución de conflictos y la aplicación de sanciones a los participantes del mercado.
La ANDE sostiene que el precio acordado debe respetar lo establecido en la Ley N.º 966, que obliga a generar ingresos suficientes para afrontar los costos de producción, transmisión, distribución y comercialización de la electricidad.
El Ministerio también deberá elaborar planes de largo plazo con un horizonte mínimo de diez años, además de diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas nacionales relacionadas con energía, minería e hidrocarburos.
El reporte de la Dirección General de Presupuesto (DGP) detalla que los salarios y las transferencias absorbieron conjuntamente el 64% del dinero ejecutado hasta septiembre, mientras que el Poder Ejecutivo concentró prácticamente la totalidad de los desembolsos registrados.
Los datos fueron compartidos durante un encuentro con posibles compradores de acciones, de acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones. La información surge en momentos en que Anthropic analiza una operación que podría situar su valoración entre USD 1,8 billones y USD 2 billones.
El precio internacional del cobre registró una caída del 1,1% y se ubicó en USD 14.329,50 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, durante las operaciones del jueves 15 de octubre de 2026. El retroceso estuvo relacionado con los últimos datos de inflación de Estados Unidos, que aumentaron las expectativas de nuevas subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).
El Gobierno de Bolivia estableció nuevas condiciones para la comercialización internacional de oro, mediante una reforma que obliga a las empresas exportadoras a acreditar en entidades financieras nacionales al menos el 80% del valor de sus operaciones.
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