
Según información que acompaña al proyecto de reforma de la Caja Fiscal, el aumento del aporte de los afiliados comenzará a aplicarse desde la promulgación de la ley, mientras que el aporte estatal y otras disposiciones quedarán para el siguiente ejercicio fiscal.
El texto aprobado por la Cámara de Diputados ya se encuentra en análisis en el Congreso y contempla modificaciones sobre aportes, beneficios previsionales y criterios de aplicación temporal.
La versión remitida por Diputados establece que el incremento del aporte personal entrará en vigencia de forma inmediata una vez promulgada la norma.
En cambio, el aporte estatal y el resto de los cambios previstos se implementarán recién a partir del próximo año fiscal, conforme a lo establecido en el articulado aprobado.
El esquema fija una contribución del 16 % para sectores superavitarios y del 19 % para sectores deficitarios dentro del sistema previsional.
El proyecto incorpora un aporte del Estado de aplicación progresiva, que se incrementará de manera gradual hasta alcanzar el 5 % en el quinto año de vigencia.
Esta disposición difiere de la propuesta original del Poder Ejecutivo, que planteaba una entrada en vigencia uniforme de todos los componentes del sistema en el siguiente ejercicio fiscal.

La iniciativa habilita el prorrateo de aportes realizados en distintas cajas para el cálculo proporcional de la jubilación, conforme a los artículos incorporados en Diputados.
También se establece la incompatibilidad entre la percepción simultánea de jubilación y pensión de herederos dentro del sistema, con la posibilidad de optar por el beneficio de mayor monto.
El mecanismo de actualización de las prestaciones previsionales se mantiene ligado a la variación del salario mínimo legal vigente, con un tope anual equivalente al 25 % de dicho salario.
Asimismo, se incorpora la devolución del 90 % de los aportes efectuados a quienes se retiren de la función pública sin cumplir los requisitos para jubilarse, beneficio que no alcanza a los sectores deficitarios.
Las estimaciones incluidas en el análisis del proyecto indican que, con la normativa actual, el sistema ingresaría en déficit hacia 2038, mientras que con la reforma aprobada este escenario se postergaría hasta 2043.