
La situación del sector sesamero volvió a quedar en el centro del debate tras un pronunciamiento de productores autoconvocados, según un documento presentado al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el que advierten sobre dificultades vinculadas al bajo precio del sésamo, la comercialización y el impacto en la economía familiar campesina.
Los productores, reunidos en asamblea permanente en el departamento de San Pedro, señalaron que el escenario actual compromete la sostenibilidad del cultivo y solicitaron la adopción de medidas estatales.
Los sesameros plantearon que el valor actual del producto no permite cubrir los costos de producción.
En ese contexto, solicitaron que el Estado promueva mecanismos de intervención que generen competencia entre empresas acopiadoras y aseguren un precio de referencia de G. 10.000 por kilo de sésamo.
También expresaron preocupación por la concentración del mercado, que, según indicaron, limita las opciones de venta para los pequeños productores.
Otro de los puntos centrales del reclamo es la solicitud de un subsidio de G. 3.500.000 por productor, destinado a compensar los daños ocasionados por eventos ambientales durante la última zafra.
De acuerdo con los productores, estos factores redujeron los rendimientos y afectaron los ingresos de las familias dedicadas al cultivo.

Dentro de un planteamiento más amplio, los productores solicitaron que el fortalecimiento de la economía familiar campesina sea incorporado como una política prioritaria.
Entre las propuestas mencionaron la necesidad de garantizar un precio base y un mercado asegurado para futuros cultivos de temporada, tanto a nivel local como internacional.
Asimismo, reclamaron apoyo para la diversificación productiva, incluyendo la preparación de suelo para rubros como chía, sorgo, maíz y hortalizas.
El documento también incluye pedidos de provisión de semillas, herbicidas, fertilizantes, calcáreos y controladores fitosanitarios, además de la entrega de animales menores con insumos alimenticios.
Según manifestaron, estas medidas permitirían sostener la producción y reducir la vulnerabilidad de las unidades familiares.