
Según documentos oficiales difundidos por la Unión Europea y comunicados sectoriales del Mercosur, el bloque europeo avanzó en una nueva clasificación ambiental que incorpora al aceite de soja dentro de una categoría de alto riesgo, lo que introduce restricciones para su uso en biocombustibles y modifica las condiciones de acceso al mercado europeo.
La medida se vincula con criterios sobre cambio indirecto en el uso del suelo y genera efectos sobre la cadena sojera y el comercio de biodiésel entre ambos bloques.
La actualización normativa reclasifica al aceite de soja como materia prima de alto riesgo ambiental bajo los parámetros de ILUC.
De avanzar su aplicación, el producto dejaría de ser reconocido dentro de los cupos obligatorios de reducción de emisiones en la Unión Europea, condición necesaria para su utilización en biodiésel dentro del bloque.
Con la nueva categoría, las exportaciones de biodiésel elaborado a partir de aceite de soja desde países del Mercosur podrían quedar limitadas o directamente suspendidas para el mercado europeo.
En el caso de Argentina, estimaciones sectoriales mencionan un posible impacto de hasta USD 350 millones en envíos anuales, de acuerdo con los volúmenes actualmente destinados a ese destino.
La restricción implicaría que el biodiésel de soja no computaría dentro de los objetivos ambientales del bloque europeo.
Esto equivale, en términos operativos, a un cierre de mercado para ese producto bajo el esquema vigente, según señalan referentes del sector agroindustrial.

Desde la Unión de Gremios de la Producción se indicó que la decisión introduce una barrera no arancelaria adicional al comercio con la Unión Europea.
El planteo sectorial sostiene que la reclasificación ya habría sido considerada con anterioridad y que su publicación se dio luego de la firma del acuerdo entre ambos bloques.
La nueva disposición se suma a regulaciones ambientales ya vigentes, como el reglamento 1115, que establece exigencias adicionales para el ingreso de productos vinculados a la deforestación.
El esquema prevé revisiones periódicas, lo que abre la posibilidad de futuras modificaciones en los criterios aplicados a materias primas agrícolas.
Ante este escenario, actores del sector señalan la necesidad de monitorear la evolución normativa y revisar las condiciones contractuales vinculadas a exportaciones hacia la Unión Europea.