Fideicomisos por alrededor de USD 20 millones entran en la mira de la Fiscalía en una nueva investigación derivada del caso Zaldívar

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El caso Miki Zaldívar abre otra investigación por presunto lavado de dinero y fideicomisos de unos USD 20 millones

El Ministerio Público ordenó abrir una nueva causa penal derivada del expediente de Miguel Ángel Zaldívar, conocido como Miki Zaldívar, para examinar posibles operaciones de lavado de activos relacionadas con fideicomisos inmobiliarios y movimientos de propiedades. La disposición fue adoptada por la Fiscalía General del Estado a través de la Resolución N.º 4067, después de recibir antecedentes provenientes de la investigación original y de una presentación realizada en representación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Entre los elementos que deberán examinarse aparecen operaciones inmobiliarias vinculadas con fideicomisos cuyo valor rondaba los USD 20 millones en determinado momento de su constitución. La nueva investigación se tramitará por separado y todavía no representa una determinación de responsabilidad penal.

Fiscalía designa a dos agentes para investigar nuevas operaciones

La Fiscalía General dispuso que los agentes Christian Ortiz y Luz Guerrero se encarguen de las nuevas diligencias.

La decisión se produjo después de que los fiscales responsables de la causa inicial comunicaran la existencia de antecedentes adicionales que podrían justificar otra investigación.

Los hechos examinados tienen puntos de conexión con el expediente de Zaldívar, pero corresponden a operaciones diferentes de las investigadas inicialmente.

La nueva carpeta fiscal permitirá recopilar documentos, rastrear movimientos patrimoniales y determinar si existen elementos suficientes para impulsar actuaciones penales.

Fideicomisos de unos USD 20 millones aparecen entre los antecedentes

La representación legal de la Conmebol explicó que los investigadores identificaron operaciones vinculadas con propiedades adquiridas durante el periodo en el que se habrían producido perjuicios económicos a la institución deportiva.

Entre las circunstancias mencionadas figuran compras de inmuebles realizadas presuntamente con pagos en efectivo y su posterior incorporación a estructuras fiduciarias.

Uno de los antecedentes corresponde a fideicomisos inmobiliarios valorados en aproximadamente USD 20 millones hacia finales del año en que comenzaron a constituirse.

La Fiscalía deberá examinar el origen de los recursos, las operaciones realizadas y las posibles conexiones con los hechos que dieron inicio al expediente.

El valor mencionado corresponde a los fideicomisos identificados y no constituye un monto de lavado de dinero judicialmente comprobado.

La Conmebol sostiene que existen otros montos pendientes de investigación

La Confederación Sudamericana de Fútbol participa en el procedimiento en calidad de institución que afirma haber sufrido perjuicios patrimoniales.

Su representación explicó que las investigaciones se desarrollan desde 2021 y que, dentro del expediente original, ya se formularon imputaciones y posteriormente acusaciones relacionadas con una parte de los fondos examinados.

Sin embargo, la identificación de otros movimientos económicos y operaciones patrimoniales llevó a solicitar nuevas diligencias.

La organización manifestó que continuará aportando documentación y acompañando las actuaciones de la Fiscalía para esclarecer los hechos.

También deberá evaluar posteriormente si intervendrá como querellante en esta nueva causa.

Otra causa vinculada permanece detenida en la Corte Suprema

Mientras se abre el nuevo procedimiento, un expediente relacionado continúa pendiente de resolución en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con la representación de la Conmebol, la causa permanece sin avances procesales desde el 10 de abril de 2026 debido a una recusación que impide resolver recursos pendientes y continuar hacia la audiencia preliminar.

La representación legal afirmó que los integrantes de la Sala Penal ya emitieron sus votos, pero todavía resta formalizar la resolución correspondiente.

También señaló que una firma permanece pendiente desde el 25 de agosto, situación que mantiene detenido el avance del expediente.

El sentido de los votos todavía no fue divulgado.

La prescripción de los hechos también será examinada

Uno de los aspectos jurídicos que deberá considerarse es el tiempo transcurrido desde las operaciones investigadas.

La representación de la Conmebol explicó que los plazos de prescripción pueden limitar la posibilidad de aplicar sanciones penales, dependiendo de las características y fechas de cada hecho.

Sin embargo, indicó que el vencimiento de determinados plazos no necesariamente impide examinar la eventual recuperación o privación de beneficios económicos obtenidos de manera ilícita.

Tarvo

En este contexto, se mencionó la figura del comiso, que permite actuar sobre bienes relacionados con actividades delictivas cuando se cumplen los requisitos legales.

La aplicación de estas medidas dependerá de los resultados de las investigaciones y de las resoluciones judiciales correspondientes.

El nuevo expediente podría derivar en otras actuaciones penales

La Fiscalía deberá determinar si las operaciones inmobiliarias y financieras identificadas reúnen elementos compatibles con hechos punibles.

De encontrarse fundamentos suficientes, el Ministerio Público podrá impulsar las actuaciones procesales que correspondan.

La representación de la Conmebol también señaló que la eventual concurrencia de diferentes hechos punibles podría modificar los marcos penales aplicables, aunque esa posibilidad requiere una evaluación jurídica posterior.

Por ahora, la decisión confirmada consiste en la apertura de una investigación independiente sobre posibles operaciones de lavado de activos, mientras el expediente relacionado con la causa original continúa pendiente de avances judiciales.

Redacción Ratio
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