La Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos y Afines (Cripfa) cuestionó la reglamentación de la cesión de derecho de deuda emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante la resolución N° 296, al señalar que el mecanismo no incluiría a todos los proveedores afectados y trasladaría los costos financieros a las empresas del sector.
Reclamo por el alcance de la medida
Desde Cripfa señalaron que el esquema establecido para la cesión de deuda no contempla a una parte de las empresas vinculadas a servicios esenciales de salud.
La vocera del gremio, Rocío Figueroa, indicó que la reglamentación no representa un alivio para la situación que atraviesan las proveedoras y sostuvo que solo algunas empresas del sector podrían acceder al mecanismo.
El reclamo se da en un contexto en el que la deuda del Gobierno con proveedoras de salud supera los USD 1.000 millones.
Costos financieros para proveedores
Uno de los puntos cuestionados por el sector es que los costos financieros de la operación quedarían a cargo de los proveedores que decidan acceder a la cesión.
Cripfa sostuvo que ese punto no formaba parte de lo conversado inicialmente con el Gobierno y que la medida llega luego de varios meses de negociaciones, en medio de una deuda acumulada con el rubro.
Servicios que quedarían fuera
El gremio también advirtió que la reglamentación se enfoca en el pago de medicamentos, pero deja fuera otros componentes vinculados a la atención sanitaria.
Entre los puntos mencionados se encuentran tratamientos por amparo judicial, logística, mantenimiento de equipos, insumos y servicios médicos.
De acuerdo con la postura del sector, la exclusión de esos conceptos podría afectar la liquidez de las empresas y condicionar la provisión de medicamentos y otros servicios.
Riesgo para el abastecimiento
Cripfa indicó que la deuda acumulada genera incertidumbre en la cadena de suministro de medicamentos.
El gremio señaló que las distribuidoras y laboratorios podrían enfrentar dificultades para sostener el flujo de productos si no se normalizan los pagos en el corto plazo.
Entre los posibles efectos mencionados se encuentran faltantes de medicamentos, retrasos en tratamientos y limitaciones en la atención a pacientes que dependen de servicios regulares.
