El Gobierno y representantes de 15 gremios empresariales comenzaron a definir la agenda del nuevo Consejo Empresarial, una instancia creada para trabajar en políticas de largo plazo y dar mayor previsibilidad a las inversiones en Paraguay. El espacio fue constituido mediante la Resolución N.° 254/26 y apunta a coordinar decisiones entre el sector público y privado.
El foco está en que los proyectos no empiecen de cero con cada Gobierno
Uno de los principales objetivos planteados dentro del Consejo es que los programas económicos y productivos puedan continuar aun cuando cambie la administración del Estado. La intención es evitar que cada nuevo Gobierno interrumpa o reinicie proyectos que ya se encuentran en marcha.
La agenda busca instalar un espacio permanente de diálogo donde puedan analizarse decisiones vinculadas a la actividad económica, con una mirada puesta en el largo plazo y en generar condiciones más estables para quienes proyectan nuevas inversiones en el país.
Industria apunta a convertirse en una política de Estado
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) sostiene que uno de los ejes será convertir la política industrial en una línea de trabajo que trascienda los distintos periodos de Gobierno. Para ello, se plantea que las medidas sean diseñadas de manera conjunta entre representantes del Estado y del sector privado.
También se espera que los gremios empresariales acompañen y den seguimiento a los proyectos acordados, de modo que las iniciativas no dependan solamente de las autoridades que se encuentren circunstancialmente al frente de las instituciones públicas.
Energía, infraestructura y legislación estarán sobre la mesa
El Consejo funcionará como un cuerpo colegiado, con participación de todos sus integrantes en el análisis de temas considerados relevantes para la actividad empresarial. Entre los asuntos mencionados aparecen infraestructura, energía, legislación, políticas públicas y cuestiones monetarias.
La intención es que los representantes del sector privado puedan conocer de manera directa las posiciones del Estado y, al mismo tiempo, que las autoridades tengan acceso a los planteamientos de los gremios para buscar puntos de coincidencia en las decisiones que afectan a las inversiones.
