Empresarios del transporte cuestionan la reforma y advierten sobre su aplicación
El Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) expresó su rechazo al proyecto de ley de reforma del transporte público impulsado por el Gobierno, argumentando que el modelo planteado no puede aplicarse en la práctica, según informaron fuentes del gremio.
El documento, actualmente en estudio en la Cámara de Diputados tras obtener media sanción en el Senado, propone una serie de cambios estructurales en la gestión del servicio, lo que genera desacuerdos entre los empresarios y las autoridades.
Reclamos del sector por el alcance de la reforma
Desde el gremio señalaron que el texto legislativo plantea modificaciones que no consideran la experiencia operativa de los trabajadores y empresas del sector.
Entre los puntos más discutidos figura la retención de la recaudación por 15 días por parte del ente responsable, con el fin de generar un patrimonio autónomo. Los empresarios sostienen que la medida afectaría la disponibilidad diaria de ingresos necesarios para el funcionamiento del servicio.
También cuestionan las multas establecidas por faltas menores, que podrían alcanzar los 200 jornales mínimos, equivalentes a unos G. 22 millones, así como las disposiciones que fijan porcentajes mínimos de prestación durante paros o huelgas, con la obligación de mantener el 70% del servicio en horas pico y el 60% en horarios regulares.
Debate sobre subsidios y sostenibilidad del sistema
El proyecto mantiene el mecanismo de subsidios como herramienta financiera para cubrir parte de los costos operativos. Sin embargo, los empresarios sostienen que los atrasos en los pagos afectan la rentabilidad del servicio y dificultan la renovación de las unidades.
El monto mensual del subsidio ronda los G. 33.350 millones, y el sector afirma que existen retrasos de hasta dos meses en la transferencia de los fondos.
Solicitan revisión y diálogo con el Gobierno
Los representantes del transporte insisten en que la reforma debe incluir la participación de los actores que operan el sistema para garantizar su viabilidad técnica y económica.
