La idea presentada contempla una entidad financiera orientada a jubilados, funcionarios y pequeñas y medianas empresas, con otorgamiento directo de créditos desde la previsional.
En el acumulado 2020–2024, el faltante corriente llegó a G. 1,218 billones, financiado con las rentas generadas por las inversiones del Fondo de Reserva.
La nueva ley establece criterios más precisos sobre el uso del arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos, tanto en el ámbito privado como en aquellos casos donde interviene el Estado.