De acuerdo con información oficial difundida por la Presidencia de la República y el Poder Judicial, quedó promulgada una nueva ley de arbitraje, aprobada luego de un proceso de trabajo conjunto que se extendió por más de dos años.
La firma del decreto se realizó en la sede judicial como parte de un acto institucional vinculado al origen del proyecto normativo.
La normativa promulgada corresponde a la Ley 7561, que reemplaza el marco legal anterior vigente en materia de arbitraje en el país.
Alcances generales del nuevo marco legal
La nueva ley establece criterios más precisos sobre el uso del arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos, tanto en el ámbito privado como en aquellos casos donde interviene el Estado.
Entre los cambios centrales se encuentra la delimitación expresa de los tipos de controversias que pueden someterse a este sistema alternativo, con disposiciones específicas aplicables a contratos públicos, concesiones y asociaciones público-privadas.
El texto legal incorpora artículos que detallan cuándo corresponde recurrir al arbitraje y cuándo quedan excluidos determinados casos.
Reglas para la intervención del Poder Judicial
La normativa también define con mayor claridad el rol del Poder Judicial en los procesos arbitrales.
Se establecen competencias específicas para que los jueces puedan intervenir en tareas de apoyo o auxilio a los tribunales arbitrales, sin asumir el fondo de las controversias.
Asimismo, se regula de manera detallada el procedimiento vinculado a la nulidad de los laudos arbitrales, un punto que había generado interpretaciones diversas bajo la legislación anterior.
Ejecución de laudos y funcionamiento del sistema
Otro de los aspectos incorporados en la ley es la simplificación de los mecanismos para ejecutar los laudos arbitrales una vez dictados.
El objetivo de esta disposición es unificar criterios procesales y establecer plazos y procedimientos más definidos dentro del sistema legal vigente.
