Las tierras serán adquiridas a nombre de la Unión y destinadas a los pueblos indígenas. La medida forma parte de un proceso de compensación territorial tras la construcción del embalse hidroeléctrico en 1982.
La convocatoria se produce luego de que la Cámara de Diputados de Argentina votara a favor de un decreto presidencial que respalda la firma de un nuevo programa con el organismo.
Según el Ministerio Público, los acusados integraban un núcleo que presuntamente intentó revertir el resultado electoral por medio de una intervención militar.
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