La Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicios de Paraguay (Apesa) advirtió que casi 300 estaciones ya dejaron de operar en el país, en un escenario marcado por el quinto incremento de los combustibles registrado en lo que va de 2026 y por mayores costos para reponer los productos vendidos.
El gremio sostiene que cada ajuste obliga a las estaciones a destinar más capital para mantener sus existencias, mientras el volumen comercializado se reduce. La situación habría llevado la red nacional desde cerca de 3.000 establecimientos hasta unas 2.600 estaciones actualmente operativas.
Cinco ajustes durante el año presionan a las estaciones
El nuevo movimiento de precios se produce en medio del encarecimiento internacional del petróleo, un factor que termina elevando el costo necesario para volver a llenar los tanques de las estaciones una vez vendido el combustible disponible.
Paraguay cuenta además con 24 distribuidoras operando en un mercado de poco más de seis millones de habitantes. Para los propietarios de estaciones, la combinación entre competencia, mayores necesidades de capital y menor volumen de ventas está modificando la estructura del negocio.
El sector pide una respuesta conjunta con el Gobierno
Apesa plantea la necesidad de establecer un plan de contingencia entre el sector privado y el Poder Ejecutivo ante la sucesión de ajustes. El gremio afirma que hasta el momento no existe una estrategia conjunta definida para enfrentar el efecto que está teniendo el precio internacional del petróleo sobre el mercado interno.
También se mencionaron diferencias en las condiciones de competencia dentro del mercado, incluyendo decisiones relacionadas con los precios aplicados por Petropar y otras modalidades comerciales utilizadas en el sector.
El impacto puede llegar al transporte y a la producción
La preocupación no se limita a las estaciones de servicio. Apesa sostiene que nuevos aumentos y eventuales cierres pueden trasladar presión hacia el transporte, las plataformas de movilidad, la logística y la producción agrícola, actividades que dependen directamente del combustible para operar.
El planteamiento del sector llega después de cinco aumentos durante 2026, mientras propietarios y operadores reclaman una mesa de trabajo que permita definir cómo enfrentar nuevos movimientos del petróleo y sus efectos sobre los costos locales.
