El plazo contractual establecido entre la Administración Nacional de Electricidad y Atome PLC venció sin un acuerdo definitivo para una nueva postergación, por lo que la estatal quedó jurídicamente en condiciones de reclamar alrededor de USD 800.000 por incumplimiento en el compromiso de reserva de potencia. Hasta el momento no se comunicó una decisión institucional sobre los próximos pasos.
La energía fue reservada pero no comenzó el consumo
Para atender el contrato, la ANDE tuvo que reservar anticipadamente la potencia solicitada y contratar en Itaipú la energía correspondiente a los volúmenes comprometidos por la empresa. La falta de consumo mantiene esa capacidad apartada sin que se produzca la facturación prevista.
El monto de la eventual penalización equivale al 2% de unos USD 40 millones anuales que la estatal estimaba facturar por el suministro acordado.
El acuerdo original se remonta a 2022
El primer contrato fue firmado en 2022 y contemplaba inicialmente una potencia de 60 megavatios con entrada en operación prevista para enero de 2025.
Posteriormente se aprobaron tres adendas. La primera elevó la reserva a 120 megavatios, mientras que una segunda modificación llevó el requerimiento a 145 megavatios de suministro continuo y trasladó el inicio a junio de 2025. Una tercera extensión volvió a mover la fecha de entrada en servicio hasta enero de 2027.
El proyecto todavía no presenta obras físicas
Durante una exposición ante la Comisión Bicameral de Presupuesto se informó que, pese al tiempo transcurrido y las extensiones concedidas, no existen construcciones en el terreno asignado en Villeta, más allá de un cartel identificatorio del proyecto.
Esta situación es uno de los elementos considerados por la ANDE al evaluar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato energético.
Atome buscó extender nuevamente el calendario
En agosto de 2026 la compañía planteó una cuarta adenda para trasladar el inicio de operaciones hasta 2029 e incorporar una tarifa fija por un periodo de diez años.
La propuesta tarifaria no fue aceptada y tampoco quedó formalizada una nueva extensión antes del vencimiento del plazo contractual. Con ese escenario, la falta de toma de potencia permite activar la cláusula de penalización y abre la posibilidad de poner fin al contrato.
