El abogado de Santiago Peña provoca polémica en el Senado al referirse a comunidades indígenas que le ganaron juicios a Paraguay
El abogado Adolfo Ferreiro, integrante de la defensa del presidente Santiago Peña, generó cuestionamientos este viernes 6 de noviembre de 2026 por una expresión utilizada durante su intervención ante la Cámara de Senadores, en el marco del juicio político contra el mandatario.
Ferreiro recordó las derrotas judiciales que sufrió Paraguay frente a comunidades indígenas en instancias internacionales para advertir que el Estado podría enfrentar una nueva demanda si se vulneran las garantías de defensa de Peña.
La frase que provocó cuestionamientos durante el juicio político
Durante su exposición, Ferreiro afirmó: «Hasta contra una tribu de indios perdimos», al referirse a los procesos internacionales en los que comunidades indígenas lograron sentencias favorables contra el Estado paraguayo.
La expresión generó críticas por el uso de términos considerados despectivos hacia los pueblos indígenas.
El abogado utilizó esos antecedentes para argumentar que Paraguay podría volver a enfrentar consecuencias internacionales si el juicio político contra Santiago Peña se desarrolla sin respetar las garantías del debido proceso.
Ferreiro advierte sobre una posible demanda internacional
El defensor sostuvo que el Estado paraguayo podría enfrentar un reclamo ante el sistema interamericano de derechos humanos si el procedimiento parlamentario concluye con una decisión que, a criterio de la defensa, vulnere derechos constitucionales.
Su planteamiento se produce en medio de los cuestionamientos del equipo jurídico de Peña por el tiempo concedido para preparar la defensa.
Ferreiro considera que el mandatario no recibió un plazo suficiente para estudiar las acusaciones y responder a los documentos presentados.
La advertencia constituye un argumento de la defensa y no significa que ya exista una demanda internacional ni que se haya determinado una vulneración de derechos en este procedimiento.
Tres comunidades indígenas lograron sentencias contra Paraguay
Los antecedentes mencionados por Ferreiro corresponden a casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado paraguayo.
Entre ellos se encuentran:
- Comunidad indígena Yakye Axa: sentencia de 2005, con interpretación posterior en 2006, por vulneraciones relacionadas con la propiedad, las garantías judiciales, la protección judicial y el derecho a la vida.
- Comunidad indígena Sawhoyamaxa: sentencia de 2006, por violaciones de derechos relacionados con la propiedad, la vida y las garantías judiciales, entre otros.
- Comunidad indígena Xákmok Kásek: sentencia de 2010, que estableció responsabilidades del Estado por vulneraciones relacionadas con la propiedad comunitaria, la vida, la integridad personal y otros derechos.
Estos procesos involucraron reclamos de comunidades indígenas por el incumplimiento de obligaciones del Estado paraguayo.
La expresión del abogado generó críticas
El cuestionamiento a Ferreiro se centró en la manera en que se refirió a las comunidades indígenas que obtuvieron sentencias favorables.
Los términos utilizados fueron señalados como expresiones que pueden resultar ofensivas o denigrantes hacia estos pueblos.
La controversia surgió mientras el abogado intentaba utilizar esas decisiones judiciales como ejemplos de las consecuencias que puede enfrentar Paraguay ante organismos internacionales.
La defensa de Peña insiste en reclamar garantías constitucionales
La intervención de Ferreiro forma parte de la estrategia jurídica presentada por los abogados del mandatario ante el Senado.
El equipo defensor sostiene que el procedimiento debe asegurar el derecho a la defensa, el tiempo necesario para responder a las acusaciones y el respeto de las garantías constitucionales.
En ese contexto, Ferreiro planteó la posibilidad de recurrir al sistema interamericano de derechos humanos si considera que el resultado del juicio político vulnera esos derechos.
Por ahora, la advertencia sobre una eventual demanda constituye una posición de la defensa, mientras el procedimiento parlamentario continúa su desarrollo.
