Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados plantea disolver el actual Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social y reemplazarlo por un órgano honorífico, sin remuneración, que tendría funciones de control y fiscalización. La iniciativa aparece en medio de la investigación fiscal por el contrato de G. 61.000 millones para quirófanos modulares en el Hospital Central.
La propuesta busca que los futuros consejeros dejen de intervenir en compras, contrataciones, evaluación de ofertas, selección de proveedores y aprobación de adjudicaciones. El nuevo organismo estaría integrado por tres representantes, correspondientes a empleadores, trabajadores asegurados y jubilados.
El Consejo pasaría de decidir a fiscalizar
El planteamiento modifica el papel que actualmente cumplen los integrantes del Consejo del IPS. En lugar de participar directamente en decisiones administrativas y comerciales, pasarían a auditar contratos ejecutados, revisar informes contables y denunciar posibles irregularidades.
La iniciativa propone cambios en disposiciones de la Ley N.º 98/1992, que actualmente otorga al Consejo facultades para dirigir y administrar el instituto, realizar compras, contratar, conceder préstamos, hipotecar bienes y decidir sobre inversiones de las reservas técnicas.
El presidente concentraría la responsabilidad ejecutiva
Otro cambio planteado es que el presidente del IPS quede a cargo de la dirección ejecutiva, financiera y de recursos humanos. También asumiría de manera exclusiva la responsabilidad civil y penal vinculada con la ejecución del presupuesto institucional.
Los fondos y operaciones previsionales continuarían bajo la supervisión de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, por lo que ese esquema no sería modificado por la propuesta.
El contrato de G. 61.000 millones sigue bajo investigación
La discusión aparece mientras la Fiscalía continúa investigando el contrato firmado en 2020 para la instalación de quirófanos modulares en el Hospital Central del IPS, cuyo monto asciende a G. 61.000 millones. Seis años después, las obras siguen sin terminar.
La investigación fiscal señala que hasta ahora fueron entregados principalmente equipos de climatización y conductos, mientras las salas de operaciones previstas inicialmente para el séptimo piso no pudieron instalarse allí debido a que la estructura del edificio no soportaría el peso de los equipos. Posteriormente comenzaron nuevas obras para 11 salas de operaciones, que también quedaron inconclusas.
El proyecto que busca modificar la estructura del Consejo será ahora analizado por distintas comisiones de la Cámara de Diputados.
