La evolución muestra una diferencia marcada entre los primeros y últimos años del periodo analizado. El fondo aumentó 15% en 2017, 14% en 2018 y 13% en 2019, antes de caer a 2% en 2020.
Las acreditaciones de salarios para funcionarios administrativos y trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social están previstas para el miércoles 26 de agosto.
Uno de los puntos discutidos fue vincular el cumplimiento del censo con el pago del beneficio adicional anual que reciben los jubilados y pensionados en noviembre.
Los créditos otorgados a funcionarios, jubilados y pensionados constituyen el tercer componente con mayor participación dentro de la cartera financiera.
La iniciativa propone cambios en disposiciones de la Ley N.º 98/1992, que actualmente otorga al Consejo facultades para dirigir y administrar el instituto, realizar compras, contratar, conceder préstamos, hipotecar bienes y decidir sobre inversiones de las reservas técnicas.
El reporte de la Dirección General de Presupuesto (DGP) detalla que los salarios y las transferencias absorbieron conjuntamente el 64% del dinero ejecutado hasta septiembre, mientras que el Poder Ejecutivo concentró prácticamente la totalidad de los desembolsos registrados.
Los datos fueron compartidos durante un encuentro con posibles compradores de acciones, de acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones. La información surge en momentos en que Anthropic analiza una operación que podría situar su valoración entre USD 1,8 billones y USD 2 billones.
El precio internacional del cobre registró una caída del 1,1% y se ubicó en USD 14.329,50 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, durante las operaciones del jueves 15 de octubre de 2026. El retroceso estuvo relacionado con los últimos datos de inflación de Estados Unidos, que aumentaron las expectativas de nuevas subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).
El Gobierno de Bolivia estableció nuevas condiciones para la comercialización internacional de oro, mediante una reforma que obliga a las empresas exportadoras a acreditar en entidades financieras nacionales al menos el 80% del valor de sus operaciones.
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