Nora Ruoti pide destituir a Óscar Orué de la DNIT e investigar su patrimonio y presuntas irregularidades en Aduanas
La abogada y especialista tributaria Nora Ruoti solicitó la salida de Óscar Orué de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y reclamó una investigación sobre su gestión, el crecimiento de su patrimonio y las relaciones de su entorno con posibles irregularidades. Su planteamiento incluye cuestionamientos a los controles aduaneros, las fiscalizaciones tributarias y la concentración de atribuciones dentro de la institución.
Ruoti sostuvo que las autoridades deben revisar las decisiones adoptadas desde la unificación de las antiguas oficinas de Tributación y Aduanas, implementada en agosto de 2023, durante el inicio del Gobierno de Santiago Peña.
Pide revisar el patrimonio de Orué y los vínculos de su entorno
La especialista reclamó que las autoridades competentes examinen la evolución de los bienes del titular de la DNIT y las decisiones administrativas adoptadas durante su gestión.
Entre sus cuestionamientos mencionó reportes ciudadanos sobre presuntos pagos ilegales en Aduanas, posibles beneficios a determinados contribuyentes durante fiscalizaciones y compras de inmuebles que podrían haberse realizado mediante terceras personas.
Ruoti aclaró que se trata de señalamientos que deben ser examinados mediante documentación y procedimientos oficiales.
También planteó que el Congreso Nacional habilite un canal confidencial para recibir pruebas de personas que afirman tener información, pero que temen identificarse públicamente.
Los documentos recibidos podrían contrastarse con expedientes aduaneros, registros inmobiliarios y declaraciones patrimoniales.
Cuestiona la concentración de poder en la DNIT
Una de sus principales críticas está relacionada con la creación de la DNIT, que reunió bajo una misma conducción las funciones de la antigua Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).
Ruoti recordó que durante el debate legislativo de julio de 2023 ya se habían planteado preocupaciones sobre la acumulación de facultades en una sola autoridad.
La institución comenzó a funcionar bajo su nueva estructura el 18 de agosto de 2023, tres días después de la asunción presidencial, con Óscar Orué como director nacional.
La abogada señaló que la reorganización fue presentada con objetivos de mayor eficiencia administrativa, aumento de la recaudación y mejores servicios, pero considera necesario revisar los resultados obtenidos y los mecanismos de supervisión utilizados.
Reclama explicaciones sobre las fiscalizaciones realizadas
Ruoti también planteó que se examine cómo se seleccionaron los contribuyentes sometidos a controles y qué procedimientos se aplicaron para verificar sus obligaciones tributarias.
La especialista pidió conocer qué controles se realizaron, cuáles fueron los criterios utilizados para fiscalizar y cómo se supervisaron las decisiones de los funcionarios.
Sus cuestionamientos se suman a críticas anteriores contra Orué por la divulgación de información de contribuyentes y por propuestas de modificación de normas relacionadas con las reservas de utilidades empresariales.
Propone a Fabián Domínguez para reemplazar a Orué
Además de solicitar la destitución del actual director, Ruoti planteó que Fabián Domínguez, antiguo responsable de Tributación, asuma la conducción de la DNIT.
La profesional considera necesario revisar el funcionamiento de la administración tributaria y aduanera bajo una nueva dirección.
No obstante, su propuesta constituye una posición personal y no representa una designación oficial ni una decisión adoptada por el Poder Ejecutivo.
Ruoti aclara que su pedido es independiente del caso Ueno Bank
La abogada precisó que su solicitud de investigación tiene un alcance específico sobre el funcionamiento de Tributación y Aduanas, separado de las investigaciones judiciales relacionadas con la crisis de Ueno Bank.
El planteamiento busca establecer si existieron irregularidades administrativas, incumplimientos de deberes o inconsistencias patrimoniales dentro de la institución recaudadora.
Los señalamientos sobre presuntas coimas, fiscalizaciones preferenciales y operaciones inmobiliarias no constituyen hechos judicialmente comprobados. La determinación de eventuales responsabilidades dependerá de las investigaciones y evidencias que puedan reunir las autoridades competentes.
