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Tribunal emite nueva medida contra la restricción de ciudadanía para nacidos en Estados Unidos
30/7/25
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Un tribunal federal con sede en Boston emitió una medida que suspende la aplicación en todo el país de una orden ejecutiva que buscaba restringir la ciudadanía automática para hijos de personas en situación migratoria irregular. Se trata del tercer fallo de este tipo registrado desde fines de junio.
La orden se produce luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos limitara el uso de medidas judiciales con alcance nacional.
No obstante, tribunales inferiores han seguido adoptando resoluciones de ese tipo en casos relacionados con la ciudadanía por nacimiento.
En este caso, el juez resolvió que una suspensión general es necesaria para proteger a los estados que iniciaron la demanda, ante la imposibilidad de aplicar una medida más restringida sin afectar la operatividad del sistema federal.
De acuerdo con la demanda, dieciocho estados solicitaron la suspensión al considerar que la norma generaría costos operativos y administrativos elevados en la verificación de estatus migratorios, con efectos sobre programas sociales financiados con fondos federales.
Además, argumentaron que permitir su aplicación de forma parcial crearía una estructura fragmentada de ciudadanía, incompatible con la legislación vigente.
La orden ejecutiva cuestionada había sido suspendida en otras dos causas distintas, una de ellas iniciada en New Hampshire y otra por cuatro estados demandantes, cuyos recursos también fueron aceptados por tribunales federales.
La actual decisión corresponde a un expediente presentado por dieciocho estados, y se dictó luego de que la Corte Suprema devolviera los casos a instancias inferiores para revisar si los mandatos judiciales debían limitarse a los demandantes.
Los estados que promovieron la demanda sostienen que la norma federal vulnera la Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda 14 de la Constitución, la cual ha sido interpretada por más de un siglo como garantía de nacionalidad para cualquier persona nacida en territorio estadounidense.
Hasta el momento, no se ha resuelto la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la orden.
Las decisiones adoptadas se limitan a mantener la suspensión de su aplicación mientras el proceso judicial continúa.
