Internacionales
Perú ajusta su regulación bursátil para adaptarse a la plataforma compartida con otros países
4/6/25
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La Superintendencia del Mercado de Valores del Perú se encuentra en la fase final de aprobación del nuevo reglamento que habilitará la incorporación de la Bolsa de Valores de Lima a la infraestructura regional compartida con Chile y Colombia.
Según informó Bloomberg Línea, esta norma permitirá la armonización operativa entre los tres mercados.
La implementación está prevista para este año, con una etapa inicial de prueba de tres meses a partir de julio, como parte del cronograma del holding que agrupará a las bolsas.
El reglamento establecerá un conjunto de reglas de negociación comunes que deberán ser adoptadas por los tres países.
La plataforma estará basada en un sistema único de negociación, desarrollado con tecnología de Nasdaq, y respetará ciertas particularidades locales como los horarios de operación.
Esta armonización incluirá normas operativas uniformes, con el objetivo de facilitar el funcionamiento coordinado de los mercados bursátiles participantes.
Uno de los puntos pendientes en el proceso de integración es el reconocimiento mutuo de intermediarios financieros que operan entre los tres países.
Esto requiere acuerdos regulatorios sobre competencias, especialmente en materia de supervisión y sanciones.
Actualmente, las autoridades están discutiendo cómo definir la jurisdicción en caso de infracciones cometidas por agentes en un país distinto al de su origen, con el fin de evitar vacíos normativos.
De forma paralela, la Superintendencia está promoviendo un conjunto de reformas para facilitar el ingreso al mercado de capitales, tanto para emisores como para inversionistas.
Entre los ajustes figura la modificación del régimen MAV, que reduce los requisitos iniciales para empresas medianas, postergando algunos costos operativos.
También se evalúa elevar el umbral de ingresos para acceder a ese régimen, con el fin de ampliar la base de participantes.
En cuanto a las ofertas públicas de adquisición (OPA), se plantean cambios que buscan acortar los tiempos del procedimiento.
Uno de ellos es la reducción del plazo para presentar la oferta, que pasará de seis a tres meses desde que se activa la obligación legal.
Otra modificación relevante será la obligación del directorio de pronunciarse sobre el precio de la oferta, además de las condiciones generales de la operación.
Si existiera una opinión contraria dentro del directorio, deberá ser presentada por separado y de forma argumentada.
Como parte de su plan de transformación digital al 2027, la Superintendencia está incorporando herramientas tecnológicas que permitan mejorar la supervisión y detectar operaciones indebidas.
También se enfoca en plataformas tecnológicas emergentes que han reducido los costos para los inversionistas, pero que requieren marcos de control adecuados.
