
El Poder Ejecutivo de Brasil adelantó que rechazará una norma aprobada por el Congreso que modifica las penas aplicadas en causas vinculadas a los hechos posteriores a las elecciones presidenciales de 2022.
La iniciativa legislativa fue aprobada primero por la cámara baja y luego recibió aval definitivo del Senado durante esta semana.
La legislación plantea una reducción general de condenas para personas sentenciadas por delitos relacionados con el intento de insurrección ocurrido el 8 de enero de 2023, cuando se produjeron disturbios en edificios institucionales.
De acuerdo con cálculos parlamentarios, la medida permitiría reducir condenas que actualmente alcanzan hasta 27 años de prisión a un máximo cercano a 20 años y nueve meses.
Además, el texto limita el tiempo de cumplimiento bajo régimen cerrado a dos años y cuatro meses, por debajo del rango habitual de seis a ocho años previsto en otras sentencias similares.

El anuncio del veto se produce en un contexto de diferencias entre el Ejecutivo y el Congreso, que ya habían surgido por designaciones judiciales y otras decisiones legislativas recientes.
Durante el fin de semana previo, sectores afines al Gobierno realizaron manifestaciones en rechazo a la norma aprobada por el Parlamento.
Más allá del veto anunciado, la legislación podría ser analizada por el Tribunal Supremo. El máximo órgano judicial ya ha condenado a más de 800 personas por delitos relacionados con los disturbios de enero.