Un informe de la Coalición para la responsabilidad financiera y la transparencia corporativa de Estados Unidos (FACT) advierte que la minería ilegal de oro en Latinoamérica se ha consolidado como una de las principales fuentes de ingresos para organizaciones criminales, superando incluso al narcotráfico en países como Colombia y Perú.
Según el reporte, Perú concentra alrededor del 44% del comercio ilícito de oro en la región, seguido por Colombia con un 25% y Bolivia con un 12%.
Las exportaciones provenientes de esta actividad ilegal en Perú alcanzan los USD 4.800 millones anuales, mientras que en Colombia gran parte del mineral es blanqueado a través de empresas ficticias y refinerías cómplices.
El documento señala que esta práctica tiene consecuencias en la seguridad, los derechos humanos y el medioambiente, ya que incluye la deforestación de grandes extensiones de selva y la contaminación de ríos con mercurio.
En Venezuela, la minería ilegal de oro genera cerca de USD 2.200 millones al año, de los cuales entre el 86% y el 91% proviene de operaciones ilícitas.
En Ecuador, las autoridades estiman ingresos cercanos a USD 1.000 millones anuales vinculados a esta práctica, con participación de grupos criminales que utilizan maquinaria pesada en zonas remotas.
FACT resalta que Estados Unidos es uno de los mayores destinos del oro ilegal sudamericano, con importaciones que superaron los USD 1.400 millones desde Colombia en 2023, de las cuales se calcula que un 80% corresponde a producción no autorizada.
El informe plantea la necesidad de fortalecer regulaciones, sanciones y medidas de control para reducir la percepción de bajo riesgo y alta rentabilidad que convierte a la minería ilegal en un negocio atractivo para el crimen organizado.