
Según información difundida por gremios del sector, el plan del Gobierno para cancelar obligaciones con empresas constructoras sigue generando incertidumbre debido a la falta de claridad en los plazos de ejecución, especialmente en lo relacionado al pago de intereses mediante emisión de bonos.
El esquema propuesto contempla distintos mecanismos financieros, pero su aplicación depende de definiciones aún pendientes en el ámbito normativo.
Uno de los puntos centrales del plan es la utilización de herramientas como la cesión de deudas (factoraje) y la emisión de bonos para cubrir intereses.
Sin embargo, este proceso está sujeto al tratamiento de una ley en el Congreso, lo que introduce un elemento de incertidumbre sobre los tiempos de implementación.
Las obligaciones totales del Estado con el sector alcanzan aproximadamente USD 267,9 millones, incluyendo intereses.
De ese total, cerca del 95% corresponde a compromisos generados en el periodo actual, mientras que el resto responde a intereses acumulados previamente.

El plan contempla la emisión de bonos para cubrir intereses que, según estimaciones oficiales, ascienden a unos USD 80 millones hasta el año 2026.
Además, se analiza el uso del factoraje por alrededor de USD 150 millones, como parte de una estrategia para canalizar pagos a través del sistema financiero.
A pesar de que el esquema financiero fue revisado por distintos actores, el foco se mantiene en la falta de definiciones concretas sobre los plazos.