Según información difundida por la Unión de Gremios de la Producción, referentes del sector agrícola expresaron su preocupación ante la incorporación de requisitos del reglamento 1115 de la Unión Europea en contratos de compraventa de soja, en la etapa de planificación de la zafra 2025/2026.
La normativa europea, que busca asegurar que productos como soja, carne y madera no provengan de áreas deforestadas desde 2020, tiene previsto entrar en vigencia en diciembre de este año y su aplicación no es obligatoria, según señalaron desde los gremios.
Desde organizaciones del sector productivo mencionaron que comenzaron a circular contratos que establecen el cumplimiento obligatorio del reglamento europeo, a pesar de que la adhesión al mismo debería mantenerse como opcional.
Indicaron que, en caso de que el destino de exportación sea la Unión Europea, debería firmarse un anexo específico que contemple las exigencias correspondientes, y no establecerlas de forma generalizada en todos los acuerdos de compraventa.
Uno de los puntos destacados por los productores es la exigencia de segregación total de granos, condición que, con la infraestructura actual de almacenamiento y logística, afirmaron que sería difícil de implementar.
Señalaron además que los contratos se están firmando sin que existan aún mecanismos viables para cumplir con estos requerimientos, lo que genera incertidumbre dentro del sector.
Los gremios agrícolas manifestaron que imponer cláusulas unilaterales podría afectar la confianza en el proceso de comercialización y comprometer la viabilidad de toda la cadena.
Plantearon que los contratos para exportación a la Unión Europea deben ser firmados solo por quienes puedan y quieran adherirse a sus exigencias, sin que se conviertan en una condición general para todos los productores.