La administración nacional dispuso la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada tres meses atrás para abordar el caso relacionado con la criptomoneda Libra.
Según el decreto publicado en el boletín oficial, la unidad fue desactivada tras cumplir con la función para la que fue constituida.
La información proviene de documentos oficiales difundidos por el Gobierno argentino.
La UTI fue establecida en respuesta a denuncias surgidas tras la promoción pública de la criptomoneda Libra por parte de figuras del Ejecutivo.
Su misión consistía en reunir información de organismos nacionales e internacionales, atender requerimientos judiciales y analizar posibles alteraciones de pruebas.
Entre las tareas encomendadas también figuraba el seguimiento de operaciones que, según informes previos, generaron aumentos y caídas bruscas en el valor del token, presuntamente impulsadas por publicaciones oficiales en redes sociales.
En paralelo a la actuación de la UTI, el Congreso de la Nación formó una comisión especial para continuar con la indagación del caso.
Dicha comisión está compuesta por 28 legisladores, aunque aún no ha iniciado un proceso formal de investigación.
Algunos miembros del Ejecutivo fueron citados a comparecer en una sesión prevista para el 14 de mayo.
La citación incluía a los responsables de las carteras de Justicia y Economía, quienes no asistieron al encuentro legislativo.
El caso Libra ha generado diversas reacciones en el ámbito político argentino.
Durante la última campaña electoral, se registraron encuentros privados donde empresarios realizaron aportes en efectivo por US$ 20.000, sin constancia en los registros oficiales de financiamiento.