
Según información del Ministerio de Economía y Finanzas, no se prevé un aumento en la tarifa de energía eléctrica para los sectores vulnerables dentro del esquema de reajuste que estudia la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
El planteamiento apunta a que el ajuste recaiga sobre usuarios de alto consumo, tanto en el sector residencial como industrial.
La intención es que los hogares y empresas con mayor capacidad económica abonen un precio más cercano al costo real del servicio, manteniendo la tarifa social vigente.
De acuerdo con las proyecciones de la estatal, el incremento no se aplicará durante este año, sino de forma gradual desde el 2026.
El último reajuste de precios se realizó en 2017, y desde entonces la entidad acumula una deficiencia tarifaria estimada en USD 1.500 millones, cifra similar a su deuda de largo plazo.
El esquema en evaluación contempla un reajuste semiautomático de las tarifas, alineado al nivel de consumo y a la inflación proyectada.
Asimismo, se considera que los sectores con mayor demanda energética paguen directamente la tarifa técnica, en dólares, como ya ocurre con actividades de alta carga eléctrica, entre ellas la criptominería.

Desde el ámbito económico, se reconoce la necesidad de reducir las pérdidas dentro del sistema eléctrico, tanto en energía como en gestión operativa, antes de consolidar cualquier incremento tarifario. La ANDE mantiene el compromiso de disminuir estas pérdidas para mejorar su situación financiera.
Representantes del sector comercial señalaron que cualquier ajuste debe responder a la inflación prevista y no superar los niveles proyectados para 2026.
Consideran que el país dispone de ingresos por dividendos de Itaipú y Yacyretá que podrían contribuir a sostener las inversiones del sistema eléctrico.