
El Gobierno argentino analiza modificaciones a la normativa que regula las zonas glaciares y periglaciares, con el objetivo de permitir el desarrollo de proyectos vinculados al cobre y otros minerales.
La discusión surge mientras diversas iniciativas mineras buscan avanzar en provincias cordilleranas.
Las autoridades evalúan alternativas para introducir cambios en la legislación vigente, ya sea mediante el Congreso o mediante instrumentos administrativos.
Sectores productivos habían solicitado una revisión debido a las limitaciones que presenta la normativa actual para proyectos de gran escala.
Varios emprendimientos que apuntan a la extracción de cobre continúan en proceso de evaluación debido a la presencia de glaciares y glaciares rocosos en las zonas donde están proyectados.
Entre los antecedentes mencionados por la industria figuran inventarios oficiales que contabilizaron más de 16.000 formaciones de hielo en la cordillera, lo que delimitó áreas sujetas a protección federal.
Estas condiciones han generado demoras para avanzar en proyectos de alto valor económico localizados en distintas provincias cordilleranas.
La administración argentina estudia diferentes mecanismos legales para introducir ajustes en la regulación. Una de las opciones consiste en enviar una propuesta formal al Congreso para su análisis.
Otra posibilidad mencionada por fuentes consultadas es la utilización de herramientas administrativas para acelerar la implementación de los cambios, aunque la vía legislativa otorgaría mayor estabilidad jurídica a los proyectos.

Los sectores vinculados a la actividad minera sostienen que ciertas definiciones presentes en la normativa actual requieren aclaraciones técnicas para facilitar el desarrollo de iniciativas en zonas donde se registran formaciones de hielo de características diversas.
En los últimos meses, la representación oficial en el Congreso se fortaleció tras las elecciones legislativas, lo que aumentó la capacidad del Gobierno para impulsar reformas económicas y sectoriales.
Mientras tanto, empresas que operan en la zona andina señalaron que la normativa sobre glaciares condiciona la viabilidad de algunos proyectos y mencionaron la necesidad de precisiones para avanzar con los trámites correspondientes.