
Una tarifa adicional de 25% aplicada por Estados Unidos a una parte de las importaciones procedentes de Brasil comenzó a regir este miércoles, mientras el Gobierno brasileño analiza las medidas que podría adoptar. La agencia EFE informó que la decisión surgió de una investigación de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos.
El organismo estadounidense cuestionó varias políticas brasileñas relacionadas con el acceso a determinados mercados, el sistema de pagos instantáneos PIX, la propiedad intelectual, la industria automotriz, los combustibles y otras áreas comerciales.
Las estimaciones indican que el nuevo recargo afectará aproximadamente al 18% de las exportaciones brasileñas destinadas al mercado estadounidense. Algunas asociaciones empresariales calculan que el alcance podría acercarse a un tercio de los productos enviados.
Entre los rubros alcanzados aparecen las máquinas industriales, el azúcar, el etanol, la madera y el calzado. Estos bienes deberán ingresar al mercado estadounidense pagando la nueva tasa adicional.
La disposición dejó exentos a unos 2.100 productos brasileños. La lista incluye carne, café, petróleo, componentes utilizados en la fabricación de aviones, jugo de naranja y tierras raras.
Estas mercaderías quedaron fuera de la tarifa debido a su importancia para el abastecimiento y las cadenas productivas de Estados Unidos.

El Gobierno brasileño había anunciado el inicio de los procedimientos contemplados en la Ley de Reciprocidad, aprobada por el Congreso en abril de 2025. Esta normativa permite responder a medidas comerciales adoptadas por otros países.
Sin embargo, las autoridades brasileñas también señalaron que la prioridad será respaldar a las empresas afectadas. Algunos sectores productivos comunicaron que no apoyan una escalada de tarifas con Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales de Brasil.
Brasil también forma parte de un grupo de 60 países investigados por Estados Unidos por un supuesto uso de trabajo forzoso dentro de sus cadenas de producción.
Ese procedimiento podría terminar con la aplicación de otro arancel de 12,5%, que se sumaría a las restricciones comerciales actualmente vigentes.