El Congreso de Estados Unidos retomó el tratamiento de proyectos para establecer un marco regulatorio aplicable a las stablecoins, en un contexto político marcado por la nueva composición legislativa y el cambio de administración.
Estas monedas digitales, diseñadas para mantener paridad con el dólar, han sido objeto de renovada atención tras el crecimiento de su uso en plataformas financieras y su integración en empresas del sector tradicional.
Uno de los impulsores del debate fue la oferta pública inicial de más de USD 1.000 millones realizada por una de las principales empresas emisoras de stablecoins en Estados Unidos.
A esto se suman actores del sistema tradicional como Visa y PayPal, que ya cuentan con productos vinculados a este tipo de activos digitales.
Las iniciativas legislativas buscarían exigir a los emisores que mantengan reservas en instrumentos de bajo riesgo, como bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo, además de someterse a esquemas de supervisión federal o estatal.
Las stablecoins son tokens digitales respaldados por activos financieros y utilizados como medio de intercambio. Aunque no operan como bancos tradicionales, la estructura de negocios de sus emisores permite obtener rendimientos sobre los fondos depositados, sin que estos se distribuyan a los usuarios.
Actualmente, el volumen total de stablecoins en circulación ronda los USD 234.000 millones, y podría alcanzar los USD 2 billones en los próximos años, según estimaciones del Tesoro estadounidense.
Parte de las reservas que respaldan estas monedas incluyen bonos soberanos, lo que ha generado advertencias sobre posibles efectos en el mercado en caso de retiros masivos.
El debate también incluye la discusión sobre las prácticas de ciertas emisoras domiciliadas fuera de Estados Unidos.
Se mencionan antecedentes vinculados a sanciones por falta de transparencia en las reservas, así como reportes sobre el uso de stablecoins en operaciones financieras ilícitas, según un informe de 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Las propuestas presentadas en el Congreso contemplan la obligación de cumplir con normas de conozca a su cliente (KYC), prevención del lavado de dinero y sanciones internacionales, sin otorgar cobertura del seguro de depósitos tradicional.
Algunas empresas podrían verse obligadas a modificar su estructura operativa si desean seguir en el mercado estadounidense bajo el nuevo marco legal.
El Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera de Estados Unidos alertó sobre posibles riesgos derivados de la concentración de reservas, opacidad de ciertos emisores y eventuales pérdidas de paridad, que podrían generar efectos de contagio en otros segmentos del sistema financiero.