El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) calculó que el proyecto de ley que busca habilitar nuevas indemnizaciones para víctimas de la dictadura podría llevar el compromiso financiero acumulado del Estado a G. 311.706 millones, equivalentes a más de USD 44,2 millones. La iniciativa será analizada por la Cámara de Diputados y alcanza a expedientes iniciados antes de la entrada en vigencia de la Ley 4381/2011.
Cerca de 1.000 personas cuentan con dictamen favorable
La propuesta contempla a aproximadamente 1.000 víctimas que ya poseen resoluciones favorables de la Defensoría del Pueblo para acceder a indemnizaciones bajo la normativa anterior. El planteamiento busca permitir que esos pagos avancen sin que la evaluación de la Procuraduría General de la República tenga carácter vinculante.
La Defensoría sostiene que quienes iniciaron sus trámites antes de 2011 deben regirse por la legislación que estaba vigente en ese momento, mientras que el MEF plantea reparos sobre el efecto fiscal y los mecanismos de revisión de los expedientes.
El nuevo proyecto sumaría USD 15,9 millones
El análisis de Economía estima que la propuesta incorporaría obligaciones por G. 112.140 millones, cerca de USD 15,9 millones. A esta cifra se agregan G. 199.566 millones, equivalentes a USD 28,3 millones, correspondientes a indemnizaciones que permanecen pendientes desde 2012.
La suma de ambos componentes llevaría el impacto acumulado a más de USD 44 millones, mientras continúan ingresando nuevas resoluciones que deben ser cubiertas mediante la partida presupuestaria destinada a indemnizaciones.
Economía pide mantener controles sobre los pagos
El MEF también cuestiona que el proyecto elimine la intervención obligatoria de la Procuraduría General de la República como instancia de revisión. La cartera sostiene que ese procedimiento permite comprobar la procedencia de las solicitudes antes de comprometer recursos del Estado.
El planteamiento oficial advierte además que la eliminación de ese filtro podría generar diferencias de criterio entre instituciones, nuevos litigios y costos adicionales. El proyecto figura entre los temas previstos para tratamiento en la Cámara de Diputados.
