Diputado plantea hasta 10 años de cárcel por terrorismo financiero en medio de cuestionamientos al BCP
La discusión sobre la transparencia del Banco Central del Paraguay (BCP) sumó un nuevo capítulo este miércoles 21 de octubre, luego de que un legislador cercano al oficialismo, que también integra el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), restara importancia a los reclamos de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban). Paralelamente, el parlamentario promueve una iniciativa que contempla hasta 10 años de prisión por determinados hechos considerados terrorismo financiero.
El planteamiento surge mientras entidades del sector bancario y representantes del Congreso solicitan aclaraciones acerca de los mecanismos de supervisión utilizados por la autoridad monetaria, particularmente en asuntos relacionados con entidades financieras y recursos públicos.
La Asociación de Bancos exige explicaciones al Banco Central
La Asoban manifestó que las respuestas enviadas por el BCP al Congreso no resuelven completamente las dudas planteadas sobre los procedimientos de fiscalización de las entidades bancarias.
El gremio también rechazó que sus cuestionamientos estén motivados por intereses comerciales y reclamó que las regulaciones y medidas correctivas se apliquen bajo los mismos criterios a todos los bancos.
En respuesta, el diputado integrante del JEM minimizó los pronunciamientos de la asociación y sostuvo que no le preocupaban sus declaraciones.
La postura del parlamentario se produce mientras continúa el intercambio de pedidos de informes y explicaciones sobre la actuación del ente regulador.
Proyecto contempla penas de hasta una década de prisión
En paralelo a esta discusión, el legislador impulsa una propuesta que busca incorporar sanciones penales para determinadas conductas vinculadas con la difusión de información falsa capaz de afectar la estabilidad bancaria.
La iniciativa establece una escala de castigos de acuerdo con la gravedad de los hechos:
- Hasta 5 años de prisión por difundir afirmaciones falsas comprendidas en la conducta que pretende sancionarse.
- Hasta 8 años de cárcel cuando esas acciones ocasionen consecuencias graves, como retiros masivos de depósitos o inversiones.
- Hasta 10 años de prisión en supuestos especialmente graves que involucren a responsables o integrantes de entidades financieras y del organismo regulador.
El proyecto todavía constituye una propuesta legislativa y no una ley vigente. Su alcance genera cuestionamientos sobre la distinción entre la difusión deliberada de falsedades y la publicación de denuncias, críticas o informaciones respaldadas por documentos.
Informes sobre Ueno Bank forman parte de la controversia
La discusión también está relacionada con documentación del BCP referente a Ueno Bank, entidad sobre la cual se divulgaron observaciones formuladas durante procesos de supervisión.
Entre los antecedentes publicados figuran operaciones de transferencia de empresas vinculadas al mismo grupo económico y créditos que fueron objeto de cuestionamientos técnicos.
La información también señala que la entidad administra aproximadamente USD 855 millones procedentes del sector público y del Fondo de Jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS).
Además, se menciona un informe sobre la situación patrimonial del banco y un proceso de fusión que habría contado con facilidades financieras por USD 691 millones otorgadas por la banca matriz.
Estas observaciones forman parte de los antecedentes citados en la controversia y no equivalen, por sí mismas, a una determinación judicial de responsabilidad.
El doble papel del legislador en el Congreso y el JEM
Otro elemento del debate es la posición institucional del parlamentario, quien además de ocupar una banca en Diputados representa a esa cámara ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Este organismo interviene en procedimientos relacionados con la responsabilidad de magistrados y otros funcionarios comprendidos en su competencia.
En ese contexto, las posiciones públicas del diputado sobre los cuestionamientos al sistema financiero y su propuesta de nuevas sanciones penales han quedado vinculadas a la discusión sobre transparencia bancaria, control institucional y libertad de expresión.
El legislador también solicitó información financiera sobre Banco Atlas, mientras continuaban los pedidos de explicaciones sobre la supervisión de otras instituciones bancarias.
Los reclamos bancarios y la propuesta penal siguen abiertos
Por una parte, la Asoban mantiene su exigencia de respuestas sobre los criterios aplicados por el BCP en sus tareas de control. Por otra, la iniciativa parlamentaria plantea incorporar nuevas figuras penales para sancionar conductas que puedan generar alteraciones en el funcionamiento del sistema financiero.
Hasta el momento, la propuesta de hasta 10 años de cárcel no constituye una sanción aprobada, mientras que los cuestionamientos sobre la actuación del Banco Central continúan formando parte del debate legislativo e institucional.
