Fiscalía busca USD 81 millones adicionales para 2027 y enfrenta cuestionamientos en el Congreso por su gestión
El Ministerio Público presentó ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional una solicitud para elevar en 68,6% sus recursos para el ejercicio fiscal 2027, lo que representaría aproximadamente USD 81 millones adicionales frente al presupuesto vigente. La propuesta contempla ampliar la cantidad de funcionarios, modificar remuneraciones y financiar mejoras edilicias y tecnológicas.
El planteamiento se produce en medio de cuestionamientos de varios parlamentarios sobre el desempeño de la institución, particularmente en investigaciones relacionadas con autoridades, sectores de poder económico y delitos complejos.
La Fiscalía pretende administrar USD 199 millones en 2027
La institución busca alcanzar un presupuesto cercano a G. 1,2 billones, equivalentes a USD 199,2 millones, frente a los G. 763.074,3 millones asignados para 2026.
La diferencia solicitada asciende a G. 523.689,9 millones, aproximadamente USD 81 millones.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es el peso que tendrían las remuneraciones dentro del gasto total previsto para el próximo año.
Más del 82% de los recursos se destinaría a salarios
La propuesta establece que los gastos en personal absorberían aproximadamente 82,4% del presupuesto, con una asignación cercana a G. 1 billón, equivalente a USD 164,2 millones.
Este apartado tendría un incremento de 55%, que representa alrededor de USD 58,6 millones adicionales respecto al ejercicio actual.
Los recursos se utilizarían para cubrir las remuneraciones existentes, incorporar nuevos trabajadores y aplicar modificaciones a las escalas salariales.
La institución también propone equiparar las asignaciones de cargos de alta gerencia con las remuneraciones correspondientes a determinados niveles de fiscales, además de establecer un ajuste para sus funcionarios. El último aumento salarial mencionado durante la presentación fue del 3,5% en 2019.
El proyecto contempla la creación de 1.905 puestos
Entre las necesidades presentadas figura la incorporación de 1.760 nuevos cargos vinculados con agentes fiscales, asistentes, auxiliares y otras funciones.
También se solicita habilitar 55 puestos para profesionales especializados, entre ellos peritos, psicólogos y trabajadores sociales.
A estos se sumarían 90 incorporaciones para tareas técnicas, administrativas, de transporte y apoyo institucional.
Durante la exposición ante el Congreso, la Fiscalía argumentó que actualmente cuenta con aproximadamente 6.000 funcionarios y que el país necesitaría al menos 700 agentes fiscales, mientras que la cantidad disponible ronda la mitad de esa cifra.
Obras y laboratorio forense también aparecen en el pedido
El componente destinado a infraestructura tendría una variación de 399%, equivalente a unos G. 62.500 millones adicionales, aproximadamente USD 9,6 millones.
La inversión prevista incluye intervenciones en dependencias regionales, trabajos de conservación de instalaciones y actualización del laboratorio forense.
La capacidad de los servicios periciales también fue abordada durante la reunión, ante los cuestionamientos sobre la cantidad de especialistas disponibles y las demoras para obtener resultados de los análisis.
Legisladores cuestionan investigaciones contra sectores de poder
Durante el tratamiento del pedido, integrantes del Congreso plantearon observaciones sobre el funcionamiento del Ministerio Público.
Entre los reclamos se mencionó una supuesta diferencia en la rapidez de las actuaciones judiciales, dependiendo de la condición económica o política de las personas investigadas.
También se solicitó mayor capacidad para abordar casos de corrupción, lavado de dinero, crimen organizado y protección de víctimas.
Otros cuestionamientos apuntaron a las actuaciones de fiscales en procedimientos relacionados con desalojos y a la utilización de determinadas figuras legales.
Sin embargo, el planteamiento presupuestario también recibió respaldo dentro de la comisión, donde se expresó apoyo a la posibilidad de ampliar los recursos de la institución.
La solicitud forma parte del análisis legislativo del Presupuesto General de la Nación 2027, por lo que los montos y nuevas incorporaciones planteados todavía están sujetos a la aprobación correspondiente.
