Contraloría detecta 204 autoasignaciones de expedientes de títulos universitarios dentro del sistema del MEC
La Contraloría General de la República (CGR) detectó 204 operaciones en las que cuentas de funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se asignaron a sí mismas expedientes relacionados con el registro de títulos académicos, pese a que el procedimiento debía realizarse mediante una distribución automática y aleatoria. La investigación encontró que el sistema permitía concentrar diferentes etapas de los trámites en una misma cuenta, sin controles preventivos ni alertas suficientes.
El hallazgo forma parte del avance de la auditoría sobre la Dirección de Registro de Títulos, cuyos resultados fueron presentados por el contralor general, Camilo Benítez, durante una conferencia de prensa realizada en el Senado. El organismo aclaró que las 204 autoasignaciones no constituyen, por sí mismas, pruebas de falsificación de títulos, pero representan debilidades importantes en los mecanismos de control del MEC.
Funcionarios podían asignarse expedientes que debían repartirse automáticamente
La Contraloría examinó el funcionamiento del Sistema de Información de Educación Superior (SIES), utilizado para gestionar los trámites de registro de títulos académicos.
El procedimiento establecido contemplaba que los paquetes de documentos fueran distribuidos de manera automática y aleatoria, respetando el orden de ingreso de los expedientes.
Sin embargo, los auditores identificaron una función que permitía realizar asignaciones manuales.
El principal problema consistía en que la cuenta encargada de distribuir un expediente también podía aparecer como destinataria del mismo trámite.
Esta posibilidad debilitaba los controles diseñados para evitar que una sola persona concentrara diferentes responsabilidades durante el registro de documentos académicos.
La Contraloría encontró 204 movimientos de autoasignación
La revisión de los registros informáticos permitió identificar 204 eventos de autoasignación dentro del SIES.
En cada uno de ellos, la cuenta que ejecutaba la distribución coincidía con la cuenta que recibía el expediente.
Entre los movimientos detectados, la Contraloría individualizó concentraciones importantes:
- 83 autoasignaciones asociadas a una cuenta de usuario.
- 44 autoasignaciones vinculadas a otra cuenta.
- 41 autoasignaciones registradas por una tercera.
- 30 autoasignaciones correspondientes a una cuarta cuenta.
Estos cuatro grupos suman 198 de los 204 eventos identificados.
La auditoría no estableció que todas estas operaciones estuvieran relacionadas con documentos falsos, pero cuestionó la posibilidad de seleccionar los expedientes sin controles suficientes.
Una misma cuenta podía asignar y verificar documentos académicos
La investigación también identificó situaciones en las que las mismas cuentas participaron posteriormente en otras etapas del procedimiento.
Entre las actuaciones mencionadas figuran verificación, recepción, confirmación y rechazo de expedientes.
Esto significa que un usuario podía intervenir tanto en la asignación inicial como en determinadas decisiones posteriores relacionadas con la documentación.
Para la Contraloría, esta concentración de tareas debilitaba la necesaria separación entre las funciones administrativas.
El organismo advirtió que la falta de controles aumentaba el riesgo de una selección discrecional de trámites, dificultando garantizar que todos los expedientes fueran procesados en igualdad de condiciones.
El sistema no generaba alertas por estas operaciones
Otro de los puntos observados por los auditores fue la ausencia de mecanismos automáticos para detectar movimientos potencialmente irregulares.
La CGR comprobó que no existían restricciones informáticas preventivas suficientes para impedir las autoasignaciones.
Tampoco encontró alertas automáticas que notificaran cuando una cuenta se asignaba un expediente a sí misma.
Además, el procedimiento para autorizar y documentar estas excepciones no estaba suficientemente definido.
La combinación de estas deficiencias permitía realizar movimientos manuales sin las garantías de control exigidas para un sistema de registro de títulos.
MEC argumentó que las reasignaciones respondían a necesidades operativas
Ante las observaciones de la Contraloría, el Ministerio de Educación y Ciencias explicó que la funcionalidad de asignación manual había sido utilizada para resolver situaciones excepcionales.
Entre los ejemplos mencionados figuran ausencias por enfermedad, vacaciones o indisponibilidad de los técnicos responsables de verificar documentos.
La institución sostuvo que posteriormente adoptó medidas para reforzar los procedimientos.
Sin embargo, la Contraloría mantuvo su observación, debido a que los controles existentes no impedían que el usuario encargado de realizar una asignación terminara recibiendo el mismo expediente.
La CGR recomendó reconfigurar técnicamente el sistema para impedir estas operaciones y asegurar una separación efectiva de responsabilidades.
Otros 1.090 títulos declarados por funcionarios no encontraron respaldo
El hallazgo en el MEC se suma a otra parte de la investigación desarrollada por la Contraloría sobre los títulos académicos declarados por funcionarios públicos.
En ese análisis, el organismo identificó 1.090 títulos declarados por 1.082 funcionarios pertenecientes a 35 instituciones estatales que no encontraron respaldo en los registros de las instituciones educativas consultadas.
Estos casos fueron denunciados ante el Ministerio Público.
Sin embargo, la Contraloría aclaró que la ausencia de respaldo encontrado no demuestra automáticamente que todos los títulos sean falsos.
Cada caso deberá ser examinado individualmente para establecer si existen irregularidades documentales o eventuales responsabilidades.
Los 1.090 títulos sin respaldo encontrado y los 204 eventos de autoasignación corresponden a hallazgos diferentes dentro de la investigación y no deben confundirse.
Todavía no se conoce cuánto dinero pudo perder el Estado
La Contraloría informó que aún no dispone de una estimación del posible perjuicio económico relacionado con los títulos académicos bajo investigación.
Para determinarlo, será necesario comprobar si los funcionarios involucrados recibieron bonificaciones, gratificaciones salariales u otros beneficios económicos vinculados con sus credenciales universitarias.
También deberá establecerse la autenticidad de los documentos y determinar si existieron conductas que generaron responsabilidades administrativas o penales.
Por el momento, no existe una cifra oficial del eventual daño patrimonial ocasionado al Estado.
Camilo Benítez confirmó que la investigación continuará
El contralor general Camilo Benítez presentó el avance de la auditoría durante una conferencia de prensa realizada en el Senado.
Explicó que los hallazgos obligaron a ampliar las tareas de verificación y que la investigación no podrá concluir dentro del plazo inicial de 45 días.
El organismo continúa solicitando y revisando documentación de instituciones públicas y universidades.
La fiscalización deberá determinar el alcance de las irregularidades, la autenticidad de los títulos observados y las responsabilidades que pudieran corresponder.
Mientras tanto, la Contraloría exige fortalecer los controles informáticos del MEC, especialmente para impedir que una misma cuenta pueda asignarse expedientes y participar en diferentes etapas de su tramitación sin la debida supervisión.
