Las multas impuestas responden a incumplimientos acumulados en distintas estaciones de servicio, en el marco de procedimientos administrativos llevados adelante por la autoridad laboral.
El acuerdo se da en un escenario donde la deuda del Estado con proveedores del sector salud supera los USD 1.000 millones, según estimaciones del propio sector.
El informe señala que los consumidores mantienen una percepción cautelosa respecto a sus condiciones económicas, tanto en el presente como en el corto plazo.
El proceso incluyó evaluaciones técnicas y adecuaciones que se extendieron durante aproximadamente dos años, en línea con los estándares requeridos para exportación.
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