La decisión surgió tras el análisis de un expediente en el que el progenitor acumulaba una importante deuda alimentaria y enfrentaba además una causa vinculada al incumplimiento de sus deberes.
La acción fue radicada ante la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Estado y se basa en la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza y malversación de fondos públicos.
El documento menciona como debilidad técnica que la auditoría interna del IPS haya recomendado el pago de G. 5.860.355.098 a la firma, pese a que el servicio fue realizado sin contar con contrato formal.
El rubro de Servicios Personales alcanzó G. 7,910 billones al cierre del primer cuatrimestre, frente a G. 7,023 billones registrados en igual periodo del año anterior.
Durante la reunión se conversó sobre inversiones, comercio, conectividad aérea, educación, energía, hidrovía, tecnología y desarrollo de data centers, entre otros puntos de interés común.