Un planteamiento presentado de cara al Presupuesto General de la Nación 2027 propone llevar el déficit fiscal hasta 6% del PIB, frente al 3,9% previsto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el próximo año. La iniciativa también incluye cambios en política monetaria, tasas de interés y nivel de endeudamiento público.
La propuesta sostiene que el actual límite de 1,5% de déficit establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal restringe la capacidad del Estado para ampliar determinadas políticas de gasto e inversión. Para 2026, el MEF estima que el resultado fiscal cerrará en 3,2% del PIB, mientras que para 2027 proyecta 3,9%.
La inversión pública podría pasar del 7% al 14%
Dentro del planteamiento también aparece la posibilidad de duplicar la inversión pública, llevándola desde alrededor del 7% hasta el 14%.
El objetivo sería destinar una mayor proporción de recursos estatales a infraestructura y otros proyectos financiados desde el sector público.
La propuesta plantea además que la deuda pública pueda alcanzar al menos 60% del PIB, de manera a disponer de mayor espacio para financiar gasto e inversiones.
También se propone modificar la política monetaria
Otro de los puntos consiste en cambiar desde 2027 el objetivo utilizado actualmente por el Banco Central del Paraguay (BCP). En lugar de concentrarse en una meta de inflación, el planteamiento apunta a utilizar como referencia el pleno empleo de los recursos.
La propuesta sostiene que un esquema de este tipo permitiría disponer de mayor cantidad de dinero circulando en la economía y buscar un tipo de cambio más acorde con las necesidades de la industria.
La tasa del BCP podría bajar hasta 3%
También se plantea reducir la tasa de política monetaria al menos hasta 3%, bajo el argumento de disminuir el costo del financiamiento. La tasa de referencia del BCP influye sobre las condiciones en las que bancos y entidades financieras colocan posteriormente sus créditos.
Estas propuestas aparecen mientras el Poder Ejecutivo prepara el PGN 2027, que debe ser remitido al Congreso a más tardar el 1 de septiembre para iniciar su tratamiento presupuestario.
