La Dirección Jurídica del Instituto de Previsión Social informó que, tras una revisión interna, fueron identificadas 67 causas penales activas vinculadas a la previsional.
La lista incluye expedientes abiertos desde el año 2016 y forma parte del relevamiento iniciado por las nuevas autoridades del área jurídica.
En un primer momento se había comunicado la existencia de 38 procesos penales, pero la revisión posterior elevó la cifra a 67 expedientes. Los casos abarcan denuncias, investigaciones y procesos que siguen sin una resolución definitiva.
El expediente más antiguo lleva una década abierto
Entre los procesos identificados, el caso más antiguo corresponde a la Causa Nº 80, caratulada como Personas innominadas s/ hecho punible a determinar, vinculada al caso Bonos AFD. Ese expediente data del 2016, por lo que acumula alrededor de 10 años sin cierre.
La nómina también muestra que el 2024 fue el año con mayor cantidad de causas registradas, con 25 expedientes. Le sigue el 2025, con 18 casos, mientras que en el 2026 figuran actualmente 8 causas.
Casos económicos aparecen dentro de la nómina judicial
A partir del análisis de las carátulas incluidas en la lista, se identifican 25 causas con conceptos relacionados a temas económicos o financieros. Entre ellos aparecen menciones a estafa, evasión, cohecho, cobro indebido, apropiación y malversación de fondos públicos.
El reporte indica que otros expedientes también podrían tener derivaciones económicas, aunque esa información no aparece de manera explícita en el nombre de cada causa.
El caso de patronales figura entre los principales puntos revisados
Dentro de los expedientes señalados por la Dirección Jurídica aparece el caso relacionado con la Unión de Patronales. El proceso está vinculado a presuntas alteraciones de datos de patronales, con cambios en números de identificación para ocultar deudas y permitir la emisión de certificados de cumplimiento.
La revisión apunta a determinar cómo se realizaron esas modificaciones, quiénes participaron y qué medidas deben aplicarse para evitar nuevas adulteraciones dentro del sistema administrativo e informático.
Compras, aportes y conflictos derivados están entre las áreas afectadas
Los expedientes fueron agrupados en distintas categorías. Los casos relacionados con compras y licitaciones públicas aparecen con un nivel de complejidad alto y con investigaciones fiscales estancadas.
También figuran procesos sobre cambios de datos en aportes, actualmente en fase de revisión y relevamiento. A eso se suman conflictos civiles derivados de casos penales, que se encuentran a la espera de juicio oral.
El área jurídica prepara una hoja de ruta para mover expedientes
La Dirección Jurídica del IPS anunció una estrategia para el segundo semestre, entre julio y septiembre, con visitas programadas al Ministerio Público y al Palacio de Justicia.
