El el sector de la construcción aguarda que el Gobierno reglamente el mecanismo de factoraje en las próximas semanas, con el objetivo de avanzar en la regularización de los pagos pendientes del Estado con empresas contratistas.
La herramienta es planteada en un contexto en el que los desembolsos previstos para abril y mayo cubren principalmente certificados nuevos de obras, sin reducir de forma significativa la deuda acumulada.
Pagos cubren nuevos certificados de obras
El Estado se comprometió a desembolsar USD 150 millones entre abril y mayo. Sin embargo, desde el sector se explicó que cada mes ingresan en promedio entre USD 50 millones y USD 60 millones en nuevos certificados de obras.
Bajo ese escenario, si en dos meses se generan alrededor de USD 100 millones en nuevas obligaciones y se pagan USD 150 millones, solo USD 50 millones se destinarían a reducir la deuda acumulada con las empresas constructoras.
Deuda con proveedores sigue pendiente
Al cierre de 2025, el Gobierno acumulaba compromisos de alrededor de USD 100 millones con proveedoras de alimentos, USD 350 millones con empresas de la construcción y más de USD 1.000 millones con firmas del sector salud.
En el caso de la construcción, el factoraje aparece como una alternativa para ordenar pagos a proveedores de obras públicas, dentro de un Presupuesto General de la Nación condicionado por el tope fiscal del 1,5% del PIB.
Cómo funcionaría el mecanismo financiero
El factoraje consiste en una operación en la que bancos o financieras compran deudas mediante el descuento de certificados de obras o facturas pendientes de cobro.
En este caso, el planteamiento del sector es que el costo financiero no sea asumido por las constructoras, sino por el Estado.
Desde Cavialpa también se señaló que este mecanismo podría ser menos costoso que mantener la deuda arrastrada, debido a que la tasa de la banca privada sería inferior a los intereses generados por atrasos en pagos de obras. De la deuda total con las vialeras, unos USD 110 millones corresponden a intereses.
Presupuesto de obras y descalce financiero
Otro punto señalado es el descalce presupuestario en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El presupuesto de este año para infraestructura ronda los USD 570 millones, mientras que las obras en ejecución podrían requerir cerca de USD 700 millones.
Esa diferencia representa unos USD 130 millones, que se suman a compromisos anteriores. La situación también fue vinculada a otras instituciones públicas con presupuestos que no alcanzan para cubrir sus obligaciones en ejecución.
