Varias empresas del sector de la construcción iniciaron procesos de convocatoria de acreedores ante la falta de liquidez, en un contexto marcado por obligaciones pendientes del Estado que superan los USD 310 millones.
El escenario se presenta mientras parte de las obras públicas registra menor ritmo de ejecución y otras se encuentran detenidas.
Impacto de la deuda estatal en el sector
Desde el ámbito empresarial indican que la acumulación de compromisos impagos incluye aproximadamente USD 200 millones en certificados pendientes y alrededor de USD 110 millones en intereses.
Esta situación afecta la capacidad operativa de las firmas, con dificultades para sostener el flujo de trabajo y restricciones en el acceso al financiamiento.
En algunos casos, las empresas recurrieron a herramientas legales para reorganizar sus pasivos y continuar operando.
Propuesta de mecanismo de cobro mediante factoring
Representantes del sector trabajan junto a autoridades en la implementación de un esquema de cesión de derechos de cobro, conocido como factoring, que permitiría transformar las acreencias en liquidez a través de entidades financieras.
El planteamiento contempla que el Estado participe en la negociación de condiciones crediticias, incluyendo tasas de interés y garantías asociadas a los pagos.
El mecanismo en análisis podría cubrir cerca de USD 150 millones de los compromisos pendientes, aunque parte de la deuda quedaría fuera de este esquema.
Intereses acumulados y planteamientos legislativos
Dentro de las iniciativas impulsadas se encuentra la propuesta de una normativa específica para asegurar el pago de intereses generados, estimados en unos USD 110 millones.
El esquema legal en discusión se vincula con disposiciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación, con posterior reglamentación mediante decreto.
Retrasos en desembolsos y ejecución de obras
El sector también advierte sobre demoras en la liberación de recursos correspondientes a proyectos financiados por organismos multilaterales, pese a que los fondos se encuentran disponibles.
Se señala que una proporción significativa de los contratos vinculados a infraestructura cuenta con financiamiento externo, lo que implica el pago de intereses aun cuando los desembolsos no se ejecutan en los plazos previstos.
