El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil con el objetivo de establecer un marco jurídico que promueva la eficiencia y la transparencia en la administración pública.
Esta normativa busca profesionalizar la función pública mediante concursos, evaluaciones y estándares claros para la gestión.
Principales disposiciones de la nueva ley
La ley establece reglas para la gestión del sector público, aplicables a todas las instituciones estatales, respetando la autonomía de los órganos del Estado y las carreras especiales definidas por la Constitución Nacional.
Entre sus puntos destacados se encuentra la meritocracia, que permite el ingreso y ascenso basado en méritos, fomentando la profesionalización de la función pública.
También otorga un régimen de protección a los trabajadores contratados que accedan mediante concursos, y reconoce la vigencia de carreras especiales como las de docentes, médicos y enfermeros. Asimismo, introduce un régimen de directivos públicos con estándares definidos para garantizar un servicio de calidad.
Reducción de cargos de confianza
La normativa reduce el número de cargos de confianza en las instituciones públicas, limitándolos a áreas específicas como Administración y Finanzas, Asesoría, Gabinete y Secretaría General.
Los demás puestos directivos deberán ser concursados, promoviendo la transparencia en la designación de funcionarios.
Reconocimiento internacional al proceso
Organismos como el Fondo Monetario Internacional y la calificadora Standard & Poor’s destacaron la participación activa en la construcción y discusión de esta ley.
Estas instituciones resaltaron la importancia del proceso para consolidar una administración pública eficiente y ajustada a estándares internacionales.
