La crisis de ueno bank llega a la Fiscalía y el BCP entrega más de 2.000 páginas de pruebas por posibles delitos financieros
La crisis de ueno bank abrió un nuevo capítulo judicial. El Ministerio Público inició este martes 3 de noviembre de 2026 una investigación penal, luego de recibir una denuncia formal presentada por el Banco Central del Paraguay (BCP) sobre presuntas irregularidades relacionadas con la entidad financiera.
La denuncia contiene aproximadamente 200 páginas, acompañadas de más de 2.000 hojas de documentación de respaldo que deberán ser examinadas por los investigadores.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la conformación de un equipo especializado para analizar los hechos y determinar si existen responsabilidades penales.
De manera preliminar, la Fiscalía considera que las conductas denunciadas podrían relacionarse con lesión de confianza, estafa y conducta conducente a la quiebra.
Sin embargo, ninguno de estos delitos ha sido declarado probado.
Cinco fiscales participarán en la investigación de ueno bank
El Ministerio Público designó a un equipo de fiscales vinculados con la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).
Entre los agentes y responsables mencionados están:
- Francisco Cabrera
- Silvio Corbeta
- Jorge Arce
- Yeimy Addle
- Nancy Salomón, fiscala adjunta encargada de coordinar la investigación
La conformación de este equipo responde a la complejidad de la documentación presentada y a la necesidad de examinar posibles hechos de relevancia penal.
Los fiscales deberán analizar los elementos proporcionados por el BCP y determinar qué diligencias corresponde realizar.
El Banco Central presentó una denuncia de 200 páginas y miles de documentos
Durante la jornada, representantes del Directorio del BCP, incluido su presidente, Carlos Carvallo, acudieron a una reunión con el fiscal general y miembros del Ministerio Público.
En el encuentro presentaron formalmente una denuncia relacionada con las irregularidades identificadas en ueno bank.
Además del escrito, entregaron un dispositivo de almacenamiento con documentación para respaldar los hechos expuestos.
Los representantes de la banca matriz también manifestaron su disposición a colaborar con los investigadores y proporcionar información adicional.
La Fiscalía deberá determinar si los documentos permiten identificar conductas que excedan las infracciones administrativas y constituyan posibles delitos.
Investigan sospechas de estafa, lesión de confianza y conductas que pudieron llevar a la quiebra
La Fiscalía identificó preliminarmente tres posibles figuras penales que podrían ser relevantes para la investigación.
La estafa se relaciona con posibles maniobras engañosas que generen un perjuicio patrimonial.
La lesión de confianza puede involucrar la administración perjudicial de bienes o recursos cuya protección fue confiada a una persona.
La conducta conducente a la quiebra se refiere a determinados comportamientos que pueden comprometer gravemente la situación patrimonial de una entidad.
Estas son hipótesis jurídicas preliminares, no una confirmación de que los hechos ocurrieron ni de que exista una persona responsable.
El equipo fiscal tendrá que identificar operaciones, verificar documentos y determinar si corresponde avanzar con imputaciones.
La investigación podría alcanzar operaciones fuera de Paraguay
Otro aspecto relevante es la posible dimensión internacional del caso.
El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, participará en el procedimiento debido a la necesidad de obtener eventualmente documentación del extranjero.
La Fiscalía señaló que existen fondos e inversiones de ahorristas provenientes de fuera del país, lo que podría requerir cooperación con autoridades extranjeras.
Doldán explicó que intervendrá cuando los investigadores necesiten acceder a pruebas que se encuentren fuera del territorio paraguayo.
Por ahora, la cooperación internacional constituye una herramienta prevista para obtener documentación, no una confirmación de delitos cometidos en el extranjero.
La Fiscalía promete investigar a todos bajo las mismas reglas
La fiscala adjunta Nancy Salomón aseguró que el Ministerio Público analizará la documentación recibida antes de decidir qué medidas adoptar.
Su equipo deberá examinar si los hechos denunciados tienen relevancia penal y establecer cuáles son las diligencias necesarias.
Salomón también buscó transmitir tranquilidad a la ciudadanía al afirmar que las leyes serán aplicadas por igual a todas las personas involucradas.
Por su parte, Manuel Doldán reconoció la sensibilidad del caso y señaló que determinar las circunstancias y las posibles responsabilidades será una prioridad de la investigación.
El BCP había detectado graves problemas de solvencia en ueno bank
La denuncia penal se presenta después de que el Banco Central decidiera iniciar un procedimiento de resolución bancaria.
La autoridad monetaria informó que el índice de solvencia de ueno bank había descendido por debajo del 50% del mínimo requerido, tras ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.
Ante esa situación, el BCP resolvió aplicar los mecanismos previstos en la Ley N.º 2.334/03, que regula la garantía de depósitos y la resolución de entidades financieras.
El objetivo anunciado es proteger a los depositantes, preservar los activos de la entidad y evitar riesgos para la estabilidad del sistema financiero.
La investigación penal y el procedimiento de resolución son procesos diferentes, aunque están relacionados con la situación del banco.
El caso ueno bank entra en una etapa judicial
La presentación del Banco Central marca un cambio importante en el desarrollo de la crisis.
El caso ya no se limita a la supervisión bancaria, porque ahora la Fiscalía investigará si detrás de las irregularidades detectadas existen conductas que puedan constituir delitos.
La denuncia incluye unas 200 páginas y más de 2.000 hojas de respaldo, mientras un equipo especializado tendrá a su cargo el análisis de las pruebas.
La investigación también podría extenderse al extranjero si resulta necesario obtener documentación internacional.
Por ahora, la apertura de una causa penal no equivale a una imputación ni a una condena. Los próximos pasos dependerán de las evidencias reunidas y de las decisiones del Ministerio Público.
