Lula gana las elecciones de Brasil y enfrenta una deuda del 82,9% del PIB y promesas de campaña que podrían costar hasta USD 9.300 millones
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comenzará su cuarto mandato el 1 de enero de 2027 con uno de los principales desafíos económicos de su nueva administración: controlar el crecimiento de la deuda pública y reducir el desequilibrio fiscal sin frenar todavía más la actividad económica. Según Fitch Ratings, Brasil presenta un déficit presupuestario superior al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) y una deuda pública que ya alcanzó el 82,9% del PIB.
A esta situación se suma el costo potencial de las medidas anunciadas durante la campaña electoral. La consultora Warren Rena calcula que esos compromisos podrían representar entre 45.000 millones y 47.000 millones de reales, equivalentes a USD 8.900 millones y USD 9.300 millones, durante 2027. Los especialistas advierten que la mayor parte del gasto federal ya está comprometida, por lo que el Gobierno necesitará negociar con el Congreso para introducir modificaciones importantes.
Brasil llega a 2027 con una deuda que representa el 82,9% de su economía
La situación de las cuentas públicas aparece como una de las principales preocupaciones para el próximo mandato presidencial.
De acuerdo con Fitch Ratings, el déficit presupuestario brasileño supera el 8% del PIB, mientras la deuda bruta del Gobierno alcanza el 82,9%.
La calificadora considera que Brasil deberá aplicar medidas para fortalecer sus cuentas fiscales durante 2027, independientemente del resultado de las elecciones presidenciales.
El ajuste podría incluir modificaciones en el crecimiento del gasto, las fuentes de ingresos y determinadas obligaciones presupuestarias.
Sin embargo, las decisiones todavía deberán definirse mediante propuestas concretas y negociaciones políticas.
El economista Felipe Salto, socio y economista jefe de Warren Rena, considera que las dificultades para modificar las cuentas públicas son estructurales y no pueden solucionarse únicamente mediante decisiones administrativas.
Las promesas electorales podrían costar hasta USD 9.300 millones
Uno de los principales problemas que deberá enfrentar Lula está relacionado con los compromisos anunciados durante las últimas semanas de su campaña.
Warren Rena estima que las medidas tendrían un impacto fiscal potencial de 45.000 millones a 47.000 millones de reales en 2027.
El cálculo equivale aproximadamente a USD 8.900 millones y USD 9.300 millones.
Entre las iniciativas consideradas se encuentran:
- Ampliaciones y reajustes del programa Bolsa Família.
- Renegociación de deudas bancarias mediante Desenrola 3.0.
- Condonación de determinadas deudas tributarias de microempresarios individuales.
- Cambios en los límites de ingresos para los microempresarios individuales.
- Becas para estudiantes universitarios.
- Pérdida de recaudación tributaria relacionada con la prohibición de las apuestas.
La estimación reúne el posible impacto de estas iniciativas y no significa que todos los desembolsos ya hayan sido ejecutados o aprobados.
El Gobierno deberá determinar cómo incorporar los compromisos al presupuesto del próximo año.
Más del 90% de los gastos federales ya están comprometidos
Otro obstáculo identificado por los analistas es la limitada capacidad para reducir gastos sin modificar obligaciones existentes.
Según Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, más del 90% del gasto primario federal brasileño tiene carácter obligatorio.
Por su parte, los recursos que el Gobierno puede modificar con mayor libertad representan aproximadamente 0,3% del PIB.
Esto significa que las reducciones de gastos administrativos o el cierre de determinadas dependencias no serían suficientes para lograr una modificación fiscal de gran magnitud.
Los especialistas consideran que una reforma más amplia tendría que examinar cuestiones como las jubilaciones, el salario mínimo, los beneficios vinculados con la inflación y las exenciones tributarias.
Estas opciones representan áreas de discusión identificadas por los economistas y no decisiones que Lula ya haya confirmado para su próximo mandato.
Economistas plantean reducir el crecimiento del gasto público del 2,5% al 1%
Felipe Salto y el economista Josué Pellegrini elaboraron una propuesta orientada a modificar las reglas fiscales brasileñas.
Entre sus planteamientos figura reducir el límite de crecimiento real del gasto público, que actualmente alcanza 2,5%, hasta 1%.
La propuesta también contempla cambios en las normas que determinan los recursos mínimos destinados a salud y educación.
Bajo ese planteamiento, ambos sectores quedarían sujetos al límite general de crecimiento del gasto.
El objetivo expuesto por los economistas consiste en generar una trayectoria fiscal que permita contener el avance de la deuda pública.
Sin embargo, estas medidas corresponden a recomendaciones de especialistas y no forman parte de una reforma ya aprobada por el Gobierno brasileño.
Las jubilaciones y el salario mínimo aparecen entre los puntos que podrían discutirse
La propuesta de Salto y Pellegrini también contempla modificaciones en determinadas obligaciones previsionales.
Uno de sus planteamientos consiste en desvincular el reajuste de las pensiones del aumento del salario mínimo.
Actualmente, el comportamiento de varias prestaciones está relacionado con reglas de actualización que generan compromisos para el presupuesto público.
Los economistas también proponen revisar aspectos de los sistemas de jubilaciones rurales y militares.
Además, sugieren que los incrementos reales de ciertas prestaciones sean definidos anualmente por el Poder Ejecutivo y financiados prioritariamente con recursos provenientes de las enmiendas parlamentarias.
Estas últimas representan más de 50.000 millones de reales, aproximadamente USD 9.890 millones.
La iniciativa tendría que enfrentar un debate legislativo antes de convertirse en una modificación de las normas vigentes.
El Presupuesto 2027 contempla superávit pero analistas prevén déficit
El proyecto presupuestario brasileño para 2027 establece un resultado primario positivo equivalente al 0,1% del PIB.
Sin embargo, Felipe Salto considera que esa meta será difícil de alcanzar.
Su estimación contempla un déficit primario del 0,4% del PIB en 2027, frente al 0,38% previsto para 2026.
Estas cifras deben diferenciarse del déficit presupuestario general superior al 8% mencionado por Fitch, debido a que el resultado primario excluye determinados gastos por intereses de la deuda.
El economista también cuestiona las previsiones de recaudación del nuevo impuesto federal CBS, introducido como parte de la reforma tributaria brasileña.
La determinación de su tasa requiere cálculos del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y procedimientos que incluyen la aprobación del Senado.
Brasil podría crecer apenas 1,4% durante 2027
El panorama fiscal coincide con una desaceleración de la actividad económica.
Entre enero y agosto de 2026, Brasil registró un crecimiento interanual del 1,5%, por debajo del promedio de aproximadamente 3% de los cuatro años anteriores.
Fitch Ratings proyecta que el PIB aumentará 1,9% durante 2026 y apenas 1,4% en 2027.
La calificadora advierte que las tasas de interés reales elevadas ya afectan el consumo y las inversiones.
También señala que el peso del servicio de la deuda para el sector privado se encuentra en su nivel más alto en dos décadas.
El desafío para el nuevo Gobierno será aplicar medidas fiscales sin agravar innecesariamente la desaceleración.
Las tasas de interés podrían bajar de 13,75% a 11,75%
Otra de las variables que los analistas siguen es la tasa básica de interés brasileña, conocida como Selic.
Fitch espera que esta tasa disminuya desde 13,75% hasta 11,75% hacia finales de 2027.
Sin embargo, la calificadora considera que los intereses reales seguirán elevados debido a las expectativas de inflación y a la persistencia de aumentos en los precios de los servicios.
Un ajuste fiscal que mejore la confianza en las cuentas públicas podría ayudar a reducir los intereses de largo plazo.
Al mismo tiempo, una reducción demasiado rápida del gasto podría afectar el consumo y la actividad económica.
Por ese motivo, los economistas consultados plantean que las decisiones fiscales deben contemplar tanto las necesidades de financiamiento como las condiciones de crecimiento.
Lula necesitará negociar con el Congreso para realizar cambios importantes
El próximo Gobierno no podrá modificar unilateralmente todas las obligaciones fiscales existentes.
Las reformas relacionadas con las reglas presupuestarias, jubilaciones y otras partidas requieren participación del Congreso Nacional de Brasil.
La analista Emanoelle Santos sostuvo que los principales obstáculos tienen carácter estructural y requieren acuerdos políticos.
Por su parte, Felipe Salto señaló que Lula deberá fortalecer su capacidad de negociación con los sectores de centro del Congreso para impulsar las medidas necesarias.
La discusión no se limita a determinar cuánto debe reducirse el gasto, sino también a establecer qué modificaciones pueden conseguir respaldo legislativo y cómo distribuir sus efectos económicos.
Brasil dispone de recursos financieros pero enfrenta una deuda creciente
Felipe Salto aclaró que la situación fiscal brasileña no equivale necesariamente a una crisis inmediata de solvencia.
El economista destacó que el Tesoro mantiene una disponibilidad de recursos de entre 1,2 billones y 1,3 billones de reales.
También mencionó las reservas internacionales y el hecho de que una parte importante de la deuda está denominada en moneda local.
Estos factores forman parte de las condiciones que permiten al país administrar sus compromisos financieros.
Sin embargo, la deuda bruta ya representa el 82,9% del PIB, mientras el gasto público aumenta a un ritmo superior al crecimiento real de la economía.
El debate se concentra, por tanto, en cómo evitar que esa trayectoria continúe durante los próximos años.
El cuarto mandato de Lula comienza con decisiones económicas pendientes
La reelección de Lula abre una nueva etapa política en Brasil, pero también mantiene pendientes importantes decisiones presupuestarias.
Los datos y estimaciones presentados muestran una deuda del 82,9% del PIB, un déficit presupuestario superior al 8% y compromisos electorales cuyo impacto potencial podría alcanzar USD 9.300 millones en 2027.
Al mismo tiempo, Fitch anticipa un crecimiento de apenas 1,4% para el próximo año, mientras los economistas plantean modificaciones en las reglas del gasto y en determinadas obligaciones del Estado.
Ninguna de las reformas específicas propuestas por los especialistas constituye todavía una decisión aprobada.
El principal desafío será definir un programa fiscal y conseguir el respaldo legislativo necesario para aplicarlo durante el nuevo mandato presidencial.
