Justicia admite una deuda de casi USD 6 millones por agua, electricidad y tasas municipales mientras busca más presupuesto para 2027
El Ministerio de Justicia reconoció que acumula obligaciones pendientes por aproximadamente G. 34.173 millones, equivalentes a cerca de USD 6 millones, correspondientes a servicios de electricidad, agua potable y compromisos con la Municipalidad de Asunción. La información fue presentada por el ministro Rodrigo Nicora ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional, durante el análisis del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.
El titular de la institución aseguró que la propuesta presupuestaria del próximo año contempla recursos para cancelar las deudas con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). Sin embargo, no especificó cuándo comenzarían los pagos ni cuánto recibiría cada entidad.
La ANDE concentra la mayor parte de la deuda del Ministerio de Justicia
Durante su comparecencia ante los legisladores, Nicora presentó un desglose de las obligaciones que mantiene la institución.
Los compromisos reconocidos se distribuyen de la siguiente manera:
- ANDE: G. 23.000 millones por energía eléctrica.
- Essap: G. 9.873 millones por servicios de agua.
- Municipalidad de Asunción: G. 1.300 millones.
En conjunto, estas obligaciones representan G. 34.173 millones.
El ministro también reconoció compromisos con otras municipalidades, aunque no detalló los montos correspondientes.
La información fue presentada después de una consulta de la senadora Celeste Amarilla, quien solicitó conocer cuánto adeudaba el Ministerio de Justicia a las proveedoras de agua y electricidad y a las administraciones municipales.
Las cárceles dependen del agua y la electricidad para funcionar
El ministro explicó que ambos servicios son indispensables para mantener las operaciones diarias de los establecimientos penitenciarios.
El abastecimiento de agua y el suministro eléctrico tienen una relación directa con las condiciones de funcionamiento y seguridad de las cárceles.
Nicora reconoció la magnitud de las obligaciones acumuladas y destacó la asistencia que ANDE y Essap proporcionaron cuando se registraron inconvenientes en la provisión de sus servicios.
La institución pretende incorporar un mecanismo de regularización de estas cuentas en el presupuesto del próximo ejercicio.
Sin embargo, todavía no existe un calendario público de desembolsos ni una distribución definida de los pagos que se realizarían durante 2027.
Justicia solicita alrededor de USD 106 millones para el próximo año
La propuesta presupuestaria presentada por el Ministerio de Justicia asciende a G. 683.758 millones, equivalentes aproximadamente a USD 105,9 millones, utilizando el tipo de cambio previsto en el proyecto del PGN 2027.
Esta asignación todavía se encuentra dentro del proceso de estudio legislativo.
Durante la audiencia, el senador Ignacio Iramain pidió explicaciones sobre la relación entre el dinero solicitado y los resultados obtenidos por el sistema penitenciario.
El legislador cuestionó que se solicite un presupuesto de esa magnitud mientras persisten problemas de superpoblación y necesidades de infraestructura.
También solicitó indicadores que permitan evaluar con mayor precisión la utilización de los recursos públicos.
Las cárceles tienen espacio para 14.000 personas, pero alojan a más de 20.000
Uno de los principales asuntos tratados fue la cantidad de personas privadas de libertad y la capacidad de los establecimientos penitenciarios.
Durante la audiencia se mencionó que las cárceles disponen de aproximadamente 14.000 plazas, frente a una población que podría alcanzar las 21.000 personas.
Esta diferencia fue utilizada por los legisladores para pedir explicaciones sobre la planificación del sistema penitenciario.
Iramain solicitó información sobre el nivel de ocupación de cada establecimiento, la duración de la prisión preventiva, las muertes bajo custodia y los casos de reincidencia.
También preguntó por el acceso de los internos a programas de educación y trabajo, así como por las sanciones aplicadas a funcionarios involucrados en hechos de corrupción.
Nicora respondió que el Observatorio de Política Criminal dispone de aproximadamente el 90% de los datos solicitados y ofreció remitirlos a la comisión.
No obstante, durante esa intervención no presentó una estimación de cuánto dinero sería necesario para resolver la diferencia entre la capacidad penitenciaria disponible y la población privada de libertad.
Mantener a una persona privada de libertad cuesta alrededor de G. 1.800.000 al mes
La diputada Alexandra Zena consultó cuánto dinero destina el Estado mensualmente al mantenimiento de cada interno.
El ministro respondió que el costo aproximado asciende a G. 1.800.000 por persona al mes.
Aclaró que se trata de un cálculo interno que incluye diferentes componentes del funcionamiento penitenciario y no solamente la alimentación.
Entre los gastos considerados se encuentran las remuneraciones del personal, los servicios médicos, el traslado de internos y los servicios básicos.
Zena también presentó una propuesta relacionada con el trabajo penitenciario voluntario y remunerado.
La iniciativa contempla que las personas privadas de libertad puedan aprender oficios y generar ingresos, destinando una parte de esos recursos al sostenimiento del programa.
Nicora manifestó su disposición a acompañar el planteamiento y señaló que el Viceministerio de Política Criminal ya se encuentra estudiando esa alternativa.
Más de 1.400 trabajadores penitenciarios recibieron aumentos salariales
La situación del personal contratado también fue abordada durante la presentación presupuestaria.
El senador José Oviedo consultó si los recursos previstos para 2027 permitirán regularizar los salarios de funcionarios que todavía perciben remuneraciones inferiores al mínimo legal.
Nicora informó que 1.439 trabajadores contratados recibieron un incremento de aproximadamente G. 1.000.000 durante 2026.
Como ejemplo, mencionó casos en los que las remuneraciones pasaron de G. 2.700.000 o G. 2.800.000 a G. 3.700.000.
Sin embargo, reconoció que las mejoras no alcanzaron a todos los contratados.
El ministro no precisó cuántos funcionarios continúan percibiendo ingresos inferiores al salario mínimo ni estableció una fecha para regularizar esa situación.
El sistema de tobilleras electrónicas también fue examinado
Durante la audiencia, los legisladores solicitaron explicaciones sobre el funcionamiento de los dispositivos electrónicos utilizados para el monitoreo de personas sometidas a medidas judiciales.
Nicora estimó que entre 190 y 200 tobilleras electrónicas se encuentran instaladas, mientras que aproximadamente 900 equipos permanecen disponibles.
También mencionó un presupuesto de USD 3 millones destinado a su aplicación.
El ministro explicó que los dispositivos cuentan con mecanismos para alertar cuando existe una vulneración de las condiciones de monitoreo.
En caso de interrupciones de conectividad, el sistema está diseñado para emitir una alarma al operador del centro de monitoreo del Sistema 911.
No obstante, durante la exposición no se presentaron cifras específicas sobre fallas técnicas ni tiempos de respuesta ante incidentes.
El Gobierno todavía debe definir cómo cancelará las cuentas pendientes
El Ministerio de Justicia busca que el presupuesto de 2027 permita atender las obligaciones acumuladas por servicios esenciales y sostener el funcionamiento del sistema penitenciario.
La principal deuda corresponde a G. 23.000 millones con ANDE, seguida de G. 9.873 millones con Essap y G. 1.300 millones con la Municipalidad de Asunción.
Aunque el ministro anunció un plan para regularizar las cuentas con las proveedoras de electricidad y agua, no comunicó plazos concretos ni cuotas de pago.
El tratamiento legislativo del PGN 2027 continuará con estas obligaciones pendientes y con las solicitudes de información sobre los costos, la infraestructura y el funcionamiento de las penitenciarías paraguayas.
