La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto una medida cautelar que beneficiaba a Compañía Panamericana de Servicios S.A. (Copassa), firma vinculada al grupo AEX, dentro de un expediente relacionado con una sanción aduanera superior a USD 3,6 millones. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que el caso se arrastra desde 2020 y todavía no tiene una definición definitiva en sus aspectos económicos y administrativos.
La cautelar había sido concedida por la Primera Sala del Tribunal de Cuentas y mantenía suspendidos efectos vinculados a la sanción mientras continuaba la discusión judicial. La Corte revocó esa resolución mediante una decisión registrada en el expediente el 22 de septiembre de 2026.
La empresa había evitado perder su registro para operar
La medida judicial había permitido que Copassa evitara que quedara sin efecto su registro para operar ante la DNIT. La administración tributaria había aplicado una multa de USD 3,6 millones por distintas infracciones a las normas aduaneras.
Dentro de los antecedentes también figura que la firma no depositó los G. 500 millones establecidos como contracautela para la aplicación de la medida cautelar.
El expediente volverá al Tribunal de Cuentas
Tras la decisión de la Corte Suprema, el expediente administrativo deberá regresar a la Primera Sala del Tribunal de Cuentas, donde continuará el análisis sobre el fondo de la controversia.
La revocación de la cautelar no representa todavía una resolución definitiva sobre todos los aspectos económicos y administrativos del caso, sino que modifica la situación procesal que había mantenido suspendidos determinados efectos de la sanción.
La sanción se remonta a 2020
El expediente comenzó en 2020, cuando la entonces Dirección Nacional de Aduanas aplicó la sanción. Posteriormente, la multa quedó confirmada mediante la Resolución N.º 346 del 5 de abril de 2021, aunque su ejecución fue frenada por cuestionamientos administrativos y judiciales presentados por la empresa.
La DNIT sostuvo además que la decisión de la Corte podría tener incidencia en otros procesos en los que la institución busca intervenir para defender los intereses del Estado dentro de causas vinculadas a contrabando o utilización de facturas falsas.
