La Cancillería Nacional informó que Paraguay inició una ronda de reuniones en Bruselas con autoridades de la Unión Europea para abordar la distribución de las cuotas de exportación correspondientes al acuerdo comercial entre el Mercosur y el bloque europeo.
La agenda comienza este lunes en medio de diferencias todavía abiertas entre los países sudamericanos sobre cómo repartir esos cupos.
El acuerdo entre ambos bloques entró en vigor el 1 de mayo de 2026, pero los socios del Mercosur aún no alcanzaron una posición común sobre la porción que debería corresponder a cada país en determinados productos que cuentan con acceso mediante cuotas.
Paraguay sostiene un reparto del 25% para cada socio
La posición paraguaya consiste en que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay reciban cada uno el 25% de las cuotas disponibles. El planteamiento busca que los cupos sean divididos en partes iguales entre los cuatro miembros fundadores del bloque.
Dentro del Mercosur todavía existen diferencias sobre ese criterio. Argentina, Brasil y Uruguay acercaron posiciones entre sí, mientras Paraguay mantiene una postura distinta respecto al mecanismo de distribución.
La discusión seguirá también dentro del Mercosur
Ante la falta de acuerdo, las cancillerías del bloque resolvieron volver a reunirse en Uruguay dentro de un plazo de 45 a 60 días para continuar negociando cómo se dividirán las cuotas de exportación contempladas en el acuerdo con Europa.
Paraguay ya había planteado anteriormente que su condición de país mediterráneo genera mayores distancias terrestres y costos adicionales para sacar mercaderías hacia los mercados internacionales, argumento utilizado para sostener su pedido de participación equivalente dentro del reparto.
La agenda europea continuará en París
Después de las reuniones en Bruselas, la delegación paraguaya tiene previsto trasladarse el miércoles a París, donde mantendrá encuentros con autoridades francesas y representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Paraguay se encuentra además dentro del proceso de evaluación de políticas públicas iniciado por la OCDE, un procedimiento que puede extenderse hasta tres años y forma parte del análisis de su solicitud para convertirse en miembro pleno de la organización.
